Estados Unidos es el principal país del mundo donde reside el mayor número de inmigrantes católicos y evangélicos (cristianos en general), estimándose en unos 35.4 millones, lo que representa un 27 % de toda la población migrante cristiana a nivel mundial.
Por primera vez en la historia de Estados Unidos, representantes autorizados de la Iglesia católica y las Iglesias evangélicas, en una alianza ecuménica inédita, crearon un ente denominado “Diálogo Evangélico-Católico sobre Inmigración” (ECDI, por sus siglas en inglés), instancia que tiene como objetivo reflexionar sobre las realidades pastorales de la inmigración y promover reformas migratorias compasivas. Su lanzamiento tuvo lugar formalmente en marzo de 2026, como un esfuerzo conjunto entre las dos organizaciones de fe más grandes del país.
En octubre de 2026, el ECDI publicó la declaración histórica conjunta titulada “Un llamado a la compasión y sabiduría cristiana en el debate sobre la inmigración”, que aboga por un enfoque de la inmigración que sitúe la dignidad humana en el centro de los esfuerzos migratorios, desde el concepto de la “compasión, la responsabilidad pública y los principios cristianos”, con especial atención a “los niños y las familias” que afrontan la incertidumbre por su situación migratoria.
La declaración está firmada por el obispo Brendan John Cahill, presidente de la Comisión de Migración de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB), y el Rvdo. Walter Kim, presidente de la Asociación Nacional de Evangélicos (NAE).La declaración se produce en un momento marcado por un aumento significativo de las detenciones y deportaciones, a menudo como resultado de la revocación por parte del Gobierno estadounidense de las protecciones legales para diversos grupos de inmigrantes. Este es el caso de los haitianos, a los que, el 27 de julio, se les retiró el Estatus de Protección Temporal, que les permitía residir en Estados Unidos.
Estas situaciones están causando graves dificultades a familias y comunidades cuyos miembros tienen diferentes estatus migratorios; muchas de ellas se enfrentan a la amenaza de la separación y la desintegración debido, subraya el texto, a la aplicación indiscriminada y agresiva de la ley y las medidas de control: “Hemos presenciado, dentro de nuestras comunidades, la propagación del miedo, la desintegración de familias, la negación del debido proceso y la denigración del prójimo. En este contexto, también hemos visto la esperanza que infunde la fe en Jesucristo y los gestos de cariño entre vecinos”.
Católicos y evangélicos abogan por una reforma migratoria que ofrezca a los residentes de larga data oportunidades concretas para regularizar su situación. En particular, esperan que “la inmigración se regule y las fronteras se aseguren mediante medidas específicas, proporcionales y humanas, tutelando la unidad familiar y priorizando la acción contra quienes amenazan la seguridad pública, respetando siempre el debido proceso”.
La detención de inmigrantes no violentos, especialmente menores y familias, debe “limitarse estrictamente, garantizando a todos los detenidos un acceso efectivo a asistencia espiritual y asesoría legal”, representación legal que debe incluir necesariamente a trabajadores, familiares y personas que necesiten protección humanitaria.
