Sería más que una reforma. La separación de fecha de las elecciones presidenciales y municipales de la de diputados al Congreso Nacional representa el potencial transformador de la democracia hondureña. Sería afirmación del Estado de derecho. ¡Por fin! A 46 años de volver a la democracia, nuestro Estado de derecho está aún en proceso de consolidación.
Ahora, las elecciones simultáneas imponen el arrastre presidencial y de alcaldes sobre diputados. Las planchas partidarias impiden la valoración de adeudos a los electores, de autonomía, honestidad y capacidad.
La separación de las elecciones de diputados permitiría elegir mejor entre quienes gobiernan y administran la cosa pública, presidente y alcaldes, y quienes representen, legislen y fiscalicen. Dos naturalezas distintas.
La separación de poderes, uno de los cuatro pilares endebles de nuestra democracia, debe dejar de ser solo una declaración jurídica ilusoria, para ser control real sobre el poder, así como la debida representación sin subordinación a nadie más que al pueblo y a la defensa de sus intereses.
Lo más trascendental de esta reforma sería la rendición de cuentas: representantes legislativos tendrían que honrar la confianza de sus electores con su labor parlamentaria. Nos aseguramos mayor calidad en el servicio público. Sus promesas de campaña dejarían de ser consignas de propaganda para convertirse en compromisos exigibles. Se estaría sometido constantemente al escrutinio de la ciudadanía.
A mediano plazo, esta reforma, la más trascendental de las propuestas, nos daría un verdadero equilibrio de poderes y la solidez de un Congreso autónomo. Ya no influiría la popularidad de un candidato en la obtención de las curules.
Para que el poder responda al pueblo hay que hacer este cambio en las reglas del poder. Sería la dignificación de la representación política y el cumplimiento de los compromisos con el pueblo.
Es más que un cambio de fecha: significa la independencia de poderes que manda nuestra Carta Magna.
