La decisión de Estados Unidos de eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los hondureños deja a más de 55, 000 compatriotas en una situación de extrema incertidumbre. Familias enteras, que durante décadas han trabajado, pagado impuestos y contribuido a la economía estadounidense, hoy enfrentan la amenaza de deportación y la pérdida de sus medios de vida. Esta es una crisis que exige respuestas inmediatas y contundentes del gobierno de Honduras.
El TPS no es un privilegio, es una protección humanitaria que permitió a cientos de miles de hondureños sobrevivir y prosperar tras desastres naturales y condiciones adversas en su país. Muchos de los beneficiarios han construido negocios, comprado propiedades y asegurado educación para sus hijos. No podemos ignorar que detrás de estas cifras hay vidas, familias y contribuciones reales que forman parte de la riqueza y estabilidad de ambos países.
Frente a esta realidad, el gobierno hondureño no puede limitarse a declaraciones diplomáticas genéricas ni a esperar que otros resuelvan el problema. Se necesita una estrategia clara y decidida, que combine acción internacional, planificación interna y políticas de reintegración.
Entre las medidas urgentes destacan tres ejes fundamentales: Primero, solicitar un plazo adicional a Estados Unidos. Pedir un año de margen para que los hondureños afectados puedan organizar su retorno o buscar vías legales de regularización no es un favor: es una obligación humanitaria. El retorno abrupto, sin planificación, pone en riesgo vidas, genera presión sobre servicios públicos y puede agravar la migración irregular hacia otros destinos. El gobierno debe actuar con firmeza para garantizar que los ciudadanos tengan tiempo para reorganizar sus vidas y proteger sus derechos.
Segundo, crear un inventario detallado de los afectados. Es imperativo conocer la situación de cada uno: dónde viven, qué propiedades poseen, qué negocios han desarrollado, qué aportes fiscales y sociales han realizado. Este registro permitirá diseñar programas de apoyo dirigidos, garantizar una reintegración económica eficiente y asegurar que los recursos del Estado se destinen a quienes han contribuido y no a quienes buscan eludir la ley. Este es un asunto de justicia y eficiencia: no todos los retornados tienen el mismo perfil, y el gobierno debe actuar con criterios claros.
Tercero, implementar políticas de reintegración económica y social. Los hondureños que regresen del TPS no pueden ser arrojados al desempleo o a la informalidad. Se requieren programas de capacitación, apoyo para emprendimientos y asistencia en la recuperación de capital y negocios. El país tiene una oportunidad única de aprovechar la experiencia y productividad de quienes regresan, transformando esta crisis en un motor de desarrollo nacional. No se trata de caridad: se trata de aprovechar talento y experiencia acumulada en Estados Unidos.
Al mismo tiempo, el gobierno debe ejercer una política migratoria firme contra quienes representan un riesgo o no aportan productividad, asegurando que las normas se apliquen de manera justa y responsable. Los recursos del Estado y la estabilidad social no pueden verse comprometidos por la inacción.
En conclusión, la eliminación del TPS no es solo un problema para los hondureños en Estados Unidos: es un desafío para todo el país. Honduras debe actuar con determinación, planificación y responsabilidad. Solicitar plazos, hacer inventarios, regularizar condiciones y ofrecer apoyo estructurado a quienes contribuyeron activamente es la única manera de enfrentar esta crisis con justicia y eficiencia.
Lo que está en juego no es solo el futuro de 55 000 ciudadanos: es la credibilidad del Estado y su capacidad para proteger a su gente, incluso cuando las decisiones que los afectan se toman más allá de nuestras fronteras.
Honduras tiene que demostrar que no se queda de brazos cruzados ante la adversidad. El tiempo para actuar es ahora.
