La legitimidad de un gobierno no se decreta en las urnas ni se sostiene indefinidamente con consignas de campaña; se cultiva diariamente en la eficiencia de la gestión pública. A cinco meses de haber asumido la conducción del Estado, la administración del presidente Nasry Asfura se encuentra en una encrucijada donde la retórica del "Vamos a estar bien" choca de frente con el bolsillo y las expectativas de una ciudadanía desgastada.
En este contexto, la evaluación por resultados emerge no como una opción burocrática, sino como un imperativo categórico para evitar el divorcio entre las promesas gubernamentales y la realidad de los hogares hondureños.
La ciudadanía asiste hoy a una gestión de contrastes profundos, donde la obra gris avanza mientras los indicadores sociales experimentan un peligroso estancamiento. Diversos sondeos de opinión pública, como el de la firma Le Vote, revelan un panorama adverso: apenas 3 de cada 10 hondureños aprueban la gestión presidencial, situando al mandatario en los peldaños inferiores de los rankings de popularidad en la región centroamericana.
Esta desconexión obedece a que, si bien el inicio de la infraestructura vial capitalina y la rehabilitación de carreteras prioritarias bajo la conducción del ministro Aníbal Ehrler en la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) son importantes, resultan a todas luces insuficientes para aliviar el drama del desempleo estructural.
El principal detonante de la inconformidad social es el asfixiante incremento en el costo de la vida, un fenómeno documentado técnicamente por el Banco Central de Honduras (BCH).
Las familias hondureñas resienten que el dinero es insuficiente para cubrir el alquiler, el pasaje y los alimentos básicos, erosionando severamente el poder adquisitivo real. Es imperativo entender, en un ejercicio de sano equilibrio analítico, que el gobierno de Asfura navega en aguas internacionales turbulentas, marcadas por los altos precios de los productos derivados del petróleo que desatan una espiral inflacionaria.
Esta realidad externa impacta directamente en la tarifa energética y el transporte, ensañándose con la canasta básica y sumando presión al colosal desafío de reestructurar funcionalmente la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
Para medir el éxito de la nueva administración, la ejecución y calidad del gasto público serán las métricas definitivas, tal como lo ha advertido el economista Julio Raudales. El verdadero reto del Poder Ejecutivo no radica en la formulación de presupuestos o marcos macroeconómicos a mediano plazo, sino en la capacidad técnica para traducir esos recursos programados en resultados tangibles que dinamicen la economía general.
Raudales apunta con acierto hacia un mal endémico de la política nacional: la falta de continuidad en las políticas públicas y el lamentable hábito de desechar los planes estructurados de administraciones pasadas, un lastre histórico que impide al país alcanzar un progreso sostenido.
Ante este complejo escenario económico, el desempeño del gabinete de Nasry Asfura muestra una ejecución fragmentada y sectorizada que requiere una revisión quirúrgica inmediata. En el ala de resultados visibles destaca el ministro de Finanzas, Emilio Hércules, quien lidera un agresivo plan de inversión municipal de 244 millones de dólares destinado a equipar con maquinaria vial y productiva a los gobiernos locales. Sin embargo, en el ámbito de las políticas sociales y de empleo masivo, persisten severas críticas de opacidad en contrataciones y lentitud operativa, lo que mantiene dividida la percepción de la población entre quienes valoran la obra física y quienes demandan con urgencia programas de alivio social.
Frente a la debilidad de sus cuadros técnicos en áreas críticas, el propio presidente Asfura ha tomado una decisión arriesgada y vertical: asumir directamente la conducción de sectores estratégicos. El gobernante ejerce el control directo del despacho de Salud para intentar desmantelar la mora quirúrgica, garantizar el abastecimiento de insumos y coordinar la remodelación de 15 hospitales públicos.
En una línea similar de control centralizado, la Secretaría de Educación, bajo la dirección ministerial de Ivette Argueta, concentró sus esfuerzos en la distribución masiva de textos escolares a inicios de año; apuestas de alto costo político que ligan el éxito o fracaso de los servicios más sensibles del país directamente a la figura presidencial.
Esta concentración de funciones evidencia la urgencia de institucionalizar una evaluación por resultados que sea rigurosa, constante y desprovista de apasionamientos partidarios. Esta práctica de auditoría de desempeño debe ser una norma inquebrantable no solo para el gobierno central de "Tito" Asfura, sino también para cada uno de los alcaldes de los 298 municipios que reciben fondos estatales.
En una democracia madura, la lealtad partidaria o los pactos políticos de campaña no pueden seguir operando como un cheque en blanco para la incompetencia; el funcionario público que no dé el ancho en sus metas mensuales debe ser removido sin dilación.La sustitución de cuadros ministeriales o de direcciones clave debe responder estrictamente a un perfil meritocrático, seleccionando a profesionales que conjuguen el compromiso político con la idoneidad académica y la experiencia técnica.
La curva de aprendizaje de los nuevos funcionarios ya expiró, y el país no puede darse el lujo de mantener en puestos clave a figuras que carecen de una claridad al cien por ciento sobre las metas gubernamentales y las reglas de la administración pública.
El anuncio inicial de "achicar el gobierno" para reducir el gasto corriente e incrementar la transparencia sigue siendo una promesa pendiente que la ciudadanía espera ver consolidada en el corto plazo.Una crítica verdaderamente constructiva exige reconocer que la infraestructura es un motor de desarrollo, pero el cemento no se come.
El pueblo hondureño demanda de forma prioritaria la generación de empleo formal, el rescate de la seguridad ciudadana mediante el desmantelamiento de la extorsión que asfixia a los pequeños emprendimientos, y el acceso digno a medicinas y aulas escolares de calidad. Si el gabinete económico y social no logra articular políticas que impacten directamente el bienestar de las mayorías, el gobierno continuará experimentando un acelerado proceso de deslegitimación frente a un electorado que ya no tolera la demagogia.
Para encauzar el rumbo de la gestión estatal y materializar el bienestar prometido, se vuelve indispensable implementar la siguiente agenda propositiva de recomendaciones técnico-administrativas:Replanteamiento del Presupuesto General de la República: Reconfigurar las partidas de inversión pública para el próximo año 2027, reorientando el gasto corriente ineficiente hacia fondos de reactivación económica inmediata y generación de empleo masivo.
Establecimiento de Convenios de Desempeño Institucional: Obligar a cada ministro a firmar metas trimestrales públicas y auditables por la sociedad civil, vinculando su continuidad en el cargo al cumplimiento de los indicadores establecidos.
Rediseño del plan de generación de empleo: Complementar los megaproyectos viales de la SIT con programas intensivos de empleo menor a nivel municipal, priorizando la contratación de mano de obra local para obras comunitarias y agrícolas.
Transparencia radical en la ejecución del gasto: Habilitar portales de datos abiertos que permitan el monitoreo en tiempo real del uso de los 244 millones de dólares invertidos en las alcaldías, como vía urgente para recuperar la confianza de la población en la administración de los fondos públicos.
La evaluación por resultados no debe percibirse como un mecanismo de persecución interna, sino como la herramienta técnica de protección más eficaz para el propio presidente de la República.
El rescate de exfuncionarios municipales y de pasadas administraciones nacionalistas obliga al mandatario a ser el doble de riguroso en la fiscalización de sus actos, asegurando que la experiencia acumulada se traduzca en eficiencia y no en vicios burocráticos.
La confianza del soberano es un recurso finito que se agota al mismo ritmo en que se encarecen los productos de la pulpería y los mercados.Gobernar Honduras bajo las actuales tensiones inflacionarias demanda una combinación de audacia política y precisión científica en la ejecución de los fondos del Estado.
El eslogan "Vamos a estar bien" solo adquirirá legitimidad cuando los indicadores económicos del Banco Central reflejen una estabilización del poder adquisitivo y las familias dejen de percibir que su salario se desvanece entre los dedos.
El presidente Nasry Asfura tiene en sus manos la oportunidad de marcar un hito institucional: romper el ciclo de la improvisación, exigir cuentas claras a su gabinete y demostrar que el mérito técnico es el único pasaporte válido para servir a la nación.
(primera parte)
