Por: Héctor Espinal
En Tegucigalpa, salir de casa se ha convertido en un ejercicio de incertidumbre. Sabemos a dónde vamos, pero difícilmente podemos asegurar a qué hora llegaremos. Entre filas interminables, bocinas y maniobras imprudentes, miles de ciudadanos entregamos cada día una parte de nuestra vida al congestionamiento.
El problema rebasa la incomodidad. Tiene consecuencias económicas, familiares y sociales. Llegar agotado al trabajo, perder una consulta médica o regresar cuando los hijos ya duermen son costos que ninguna estadística recoge por completo.
Las estimaciones divulgadas por la Gerencia de Movilidad Urbana de la Alcaldía del Distrito Central sitúan alrededor de 800,000 los vehículos que circulan por la capital, incluidos los que ingresan desde municipios cercanos. Aunque las cifras varían según el registro y el flujo considerado, la presión sobre nuestras calles resulta evidente.
A ello se suma la inseguridad vial. En marzo de 2026, esa gerencia informó de entre 50 y 60 colisiones diarias en Tegucigalpa. En el ámbito nacional, un balance divulgado por la DNVT el 16 de octubre registraba 15,730 eventos viales y 1,599 personas fallecidas durante el año hasta esa fecha. Son datos de ámbitos distintos y no deben atribuirse exclusivamente al congestionamiento, pero muestran la urgencia de ordenar la circulación y proteger la vida.
¿Cuánto perdemos económicamente? Las estimaciones deben manejarse con prudencia. Sebastián Pastor, presentado en medios como representante de la FIA en Honduras, ha situado el costo nacional de la siniestralidad vial en aproximadamente 2,500 millones de dólares anuales. Esa estimación se refiere a los accidentes en todo el país; no equivale al costo de los embotellamientos de Tegucigalpa. La capital necesita una medición propia y transparente de las horas perdidas, el combustible desperdiciado y los retrasos en la actividad productiva.
Mientras esa cuenta se esclarece, hay decisiones que no deberían seguir esperando. Los buses y taxis necesitan paradas claramente identificadas, accesibles y sujetas a vigilancia. Recoger pasajeros en medio de un carril, detenerse en una curva o bloquear una intersección perjudica a todos. Las autoridades deben habilitar espacios adecuados y exigir que se utilicen; los pasajeros también debemos dejar de pedir que nos recojan o nos bajen en cualquier lugar.
Ordenar el transporte público exige revisar rutas, frecuencias, permisos y condiciones mecánicas. La ciudad necesita un servicio confiable, seguro y suficiente. Mientras viajar en bus siga siendo una experiencia incierta, muchas familias buscarán un automóvil o una motocicleta como salida individual, aumentando la presión sobre las mismas calles.
Las motocicletas requieren atención particular, sin convertir a todos sus conductores en culpables del desorden. Para miles de personas son una herramienta de trabajo. Deben circular respetando señales, peatones y espacios de seguridad, al igual que cualquier otro vehículo. Las propuestas de carriles exclusivos merecen evaluación técnica antes de su aplicación: una medida útil debe demostrar que reduce riesgos y puede funcionar en las condiciones reales de nuestras vías.
El estacionamiento indebido también necesita una respuesta constante. Una acera ocupada obliga al peatón a caminar entre vehículos. Una rampa bloqueada impide el paso de una persona con discapacidad. Un automóvil en doble fila reduce la capacidad de circulación de toda una calle. Las sanciones y el retiro de vehículos deben aplicarse con criterios públicos, proporcionalidad y continuidad.
La actuación policial es indispensable. Necesitamos agentes presentes en los puntos conflictivos, capaces de prevenir bloqueos, atender incidentes y sancionar sin favoritismos. También hace falta supervisar su desempeño, facilitar denuncias y dar seguimiento a las quejas. La autoridad gana credibilidad cuando actúa de manera consistente y explica sus resultados.
La tecnología puede ayudar mediante semáforos coordinados, monitoreo y atención rápida de incidentes. Su utilidad dependerá de que exista mantenimiento, personal capacitado y una gestión que mida los resultados. Instalar equipos sin asegurar su funcionamiento termina siendo otra inversión desaprovechada.
Los ciudadanos tenemos una responsabilidad igualmente concreta. Respetar un semáforo, ceder el paso, mantener libre una intersección y evitar el teléfono al conducir son decisiones cotidianas. La educación vial debe comenzar en la escuela, reforzarse en los procesos de licencia y mantenerse mediante campañas que enseñen conductas prácticas.
Tampoco podemos pedir disciplina mientras se descuidan los baches, la señalización, las aceras o los cruces peatonales. La movilidad necesita planificación urbana, transporte público digno, obras bien ejecutadas y coordinación entre instituciones.
Tegucigalpa merece recuperar el tiempo que pierde cada día. Para lograrlo, las autoridades deben ordenar y los ciudadanos debemos cumplir. Una ciudad que avanza es aquella donde las personas pueden llegar a su destino con seguridad y conservar tiempo para vivir.