La inseguridad y la criminalidad son desafíos terribles que enfrenta Honduras. Cada delito y todo acto de violencia es herida profunda y amenaza al desarrollo, a la paz y la confianza institucional. Es impostergable la definición de una estrategia integral e interinstitucional que combata el crimen de manera efectiva y sostenible.
Se requiere una política de Estado, no solo un programa de gobierno.
Ejes: 1. La prevención. La educación, el deporte, la cultura y la generación de oportunidades para evitar que los jóvenes sean captados por estructuras criminales. Atacar las causas sociales de la violencia como perseguir a quienes la ejercen.
2. Fortalecer la investigación criminal y la capacidad de respuesta de los organismos de seguridad. La impunidad es acicate a la delincuencia. Investigación científica y coordinación entre Policía, Ministerio Público y Poder Judicial, para evitar el fortalecimiento de la delincuencia frente a la debilidad institucional.
3. Urge la recuperación de los espacios públicos y el fortalecimiento de los gobiernos locales. Los municipios son aliados estratégicos naturales para la seguridad ciudadana.
El Congreso Nacional debe aprobar marcos legales modernos, fortalecer los presupuestos destinados a seguridad y justicia, ejercer una fiscalización responsable sobre los recursos públicos y promover consensos que superen diferencias partidarias.
El Gobierno debe liderar esta articulación institucional, garantizar transparencia en el uso de los recursos, profesionalizar los cuerpos de seguridad y establecer metas evaluables.
La ciudadanía necesita resultados medibles, sentidos por la población.
La seguridad no debe ser una aspiración mas. Debe convertirse en una realidad construida mediante planificación, coordinación y voluntad política.
Los hondureños merecemos vivir sin miedo, desarrollar nuestros proyectos de vida en paz y confiar en que el Estado tiene la capacidad y la determinación de protegernos. Ese debe ser el compromiso de todos.
