Los sectores de salud y educación han representado dos de los principales desafíos que ha encontrado el Gobierno del presidente Nasry Asfura durante sus primeros meses de gestión. Ambos arrastran problemas estructurales de décadas, acumulación de demandas laborales, debilidades administrativas y una creciente presión social por mejorar la calidad de los servicios públicos.
En el área de salud, uno de los temas más sensibles ha sido la situación de cientos de médicos cuyos contratos no fueron renovados oportunamente o quedaron sujetos a procesos de revisión administrativa. Esta situación generó incertidumbre laboral y provocó una serie de asambleas informativas y acciones gremiales convocadas por el Colegio Médico de Honduras, afectando la atención en hospitales y centros de salud del país.
Si bien es legítimo que los profesionales de la medicina defiendan sus derechos laborales, también es importante reconocer que las interrupciones en los servicios terminan impactando directamente a la población más vulnerable, que depende exclusivamente del sistema público para recibir atención médica. Por ello, el diálogo permanente entre el gobierno y el gremio médico debe convertirse en una prioridad nacional.
Afortunadamente, las negociaciones parecen haber avanzado hacia acuerdos que brindan mayor estabilidad.
El reto ahora consiste en construir una política pública de contratación médica transparente, técnica y sostenible, donde prevalezcan los méritos profesionales y las necesidades del sistema de salud por encima de cualquier consideración política o partidaria. La salud pública debe ser un espacio
de consenso nacional y no de confrontación.
Paralelamente, existe expectativa sobre la implementación del fideicomiso de salud impulsado por el Gobierno, mecanismo que podría acelerar la adquisición y distribución de medicamentos, reduciendo uno de los problemas históricos que enfrentan los hospitales públicos. Si se ejecuta con transparencia, supervisión y rendición de cuentas, este instrumento podría convertirse en una herramienta efectiva para mejorar el abastecimiento y la atención a los pacientes.
Otro elemento fundamental es la investigación que realizan las autoridades competentes sobre la construcción y equipamiento de ocho hospitales iniciados en la administración anterior. Particular atención merecen tres de estos proyectos, que han sido objeto de revisiones por parte del Ministerio Público y del Tribunal Superior de Cuentas. La población tiene derecho a conocer qué ocurrió con los recursos invertidos, el nivel de avance real de las obras y las responsabilidades administrativas o legales que puedan derivarse.En educación, el panorama presenta retos similares. Los reclamos de diversos sectores magisteriales reflejan la necesidad de fortalecer el diálogo institucional, garantizar estabilidad laboral y mejorar las condiciones de enseñanza. Sin embargo, también es indispensable avanzar hacia una educación moderna, enfocada en resultados, tecnología, infraestructura y formación de calidad para las nuevas generaciones.
La salud y la educación constituyen las dos inversiones sociales más importantes de cualquier país. Los acuerdos alcanzados deben trascender coyunturas políticas y convertirse en políticas de Estado que garanticen continuidad, eficiencia y resultados.
Honduras necesita menos confrontación y más consensos para transformar de manera definitiva ambos sectores.
