No se trata de prioridades burocráticas. Ni de sostener privilegios, menos de estimular desigualdades que nos atrapan en el subdesarrollo. El Presupuesto General de la República debe ser una herramienta de redistribución de la riqueza que impulse la transformación nacional. No se trata de justificar el incremento de cifras ni el aumento de asignaciones. A veces, injustificables. Hay que tener claro qué problemas resuelve y si será cimiento para construir el futuro que Honduras merece.
La inequidad, la profunda brecha social, exigen un presupuesto apegado a la realidad nacional. Debe percibirse sensible y responsable: al abandono del campo, a la exclusión de la juventud, a la falta de empleo, a la inseguridad y a la precariedad de la educación y la salud. A la impartición de justicia, que debe ser pronta y eficaz.
Se redistribuye riqueza fortaleciendo a quienes producen, no debilitándolos ni otorgando subsidios ante cada crisis sectorial. La redistribución de riqueza, esencia de un presupuesto nacional, se propicia con creación de oportunidades, con educación que crea movilidad y justicia social, con infraestructura que dé acceso a los mercados, con fuentes de trabajo dignas, facilitando las condiciones indispensables para que sean el talento y el esfuerzo los que hagan las diferencias, no la desigualdad de oportunidades.
Sin inversión no hay justicia social. Y sin seguridad jurídica, sin legalidad de la administración pública, con corrupción y sin total garantía de protección a la actividad económica y a la propiedad privada, no habrá la inversión que nos es tan necesaria. Los capitales, nacionales y extranjeros, requieren institucionalidad fuerte e independiente. Exigen un Estado que cumpla, que sea confiable.
No podrá haber redistribución justa y sostenible de la riqueza sin empresas que creen empleos. Y no habrá justicia social.
“O hay justicia para todos o no habrá paz para nadie”. Papa Pablo VI.
Este presupuesto tiene que conducirnos a un futuro promisorio.
