Honduras vivió la reciente etapa traumática bajo las tinieblas de una "oligarquía melista" que estiró hasta el límite los cimientos de la República. Desde el Congreso Nacional se impulsaron decisiones que fracturaron la institucionalidad; desde el Consejo Nacional Electoral se sembraron actos lesivos al proceso electoral. Si no hubiéramos contado ahí con la valentía y compromiso democrático de las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López Osorio, sabe Dios como estuviéramos; y desde toda la esfera pública se forjó una confrontación que desgastó la confianza ciudadana.
Hoy, a un mes de asumir el nuevo Congreso Nacional, parecemos empezar a olvidar lo que padecimos. La pesadilla. Urgente el recordatorio. Olvidar sería un error histórico, un grave peligro para el futuro de nuestra Patria.
Los embates contra la democracia no fueron ficticios. Fueron calculados, sistemáticos y reales. Se pretendió someter la voluntad popular, se logró desnaturalizar el imperio de la ley y la división de poderes y hacer del Estado un instrumento de intereses perturbadores. En ese contexto nació una expectativa legítima: que el juicio político seria acción firme del nuevo Congreso, la señal inequívoca de que la democracia no volvería a ser rehén de ambiciones viles. Pero el silencio prolongado empieza a parecer un olvido calculado. ¡Que no sea así! Lo que se percibe como demora puede volverse desconfianza.
Quienes con dolo, transgredieron la legalidad y arriesgaron la estabilidad republicana tienen que responder ante la ley. No hacerlo enviaría un mensaje devastador: que en Honduras se puede vulnerar el orden constitucional sin consecuencias.
Que la República demuestre que aprendió de sus heridas. ¡Juicio político ya! No por revancha, sino por dignidad democrática. No por venganza, si por Justicia. La impunidad es el acicate de la corrupción y de la traición a la Patria. Cuando el Estado actúe con firmeza jurídica, fortalecerá la institucionalidad y blindará la democracia de abusos. Es urgente cumplir este deber.
