Muchas leyes aprobadas en nuestras cámaras legislativas o hemiciclos son nombradas con términos pomposos, aún y cuando su contenido no corresponda, no llene o, sencillamente, no merezca el elevado y sofisticado título. Entre muchos, tenemos el caso concreto del reciente decreto Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano aprobado por el nuevo congreso 2026-2030. Está muy bien que se haya recuperado el funcionamiento rutinario del graderío parlamentario, pero hace falta ir más a fondo en la calidad de las participaciones y productos legislativos. Resulta que si bien las medidas “extraordinarias y transitorias” para procurar el equilibrio en las finanzas públicas, en los temas de pago de prestaciones laborales y algunos otros contratos del Estado pueden ayudar, esas acciones administrativas están muy lejos de garantizar la reactivación de la economía, y más distantes todavía, para avanzar hacia un mayor nivel de desarrollo humano.
Dejamos claro que, en efecto, es necesario tomar medidas para tratar de ordenar lo relacionado con el cumplimiento de derechos laborales de personas que dejaron o dejarán de ser empleados públicos. También, podemos estar de acuerdo con cuidar que los embargos judiciales al tesoro nacional no pongan en riesgo innecesario la liquidez mínima para cumplir con obligaciones de mayor prioridad. De nuevo, no concordamos en colocar títulos a leyes que no van a tener los profundos alcances como lograr la reactivación de la economía y el desarrollo. Un decreto legislativo como el mencionado en realidad debería de denominarse con un nombre específico y que corresponda objetivamente a su contenido, por ejemplo: “Ley de medidas extraordinarias para el equilibrio fiscal”.
Para reactivar y desarrollar al país se necesita, verdaderamente, que cada gobierno se comporte decentemente, con decisiones racionales, audaces, que sea buen administrador público, que haya sincero sacrificio en los inmensos gastos superfluos y que todo eso se traduzca en una mejoría real en inversión pública productiva, no solo en el papel, para que promueva la iniciativa privada desde la micro, mediana hasta la gran empresa. Técnicamente, la reactivación económica se tiene que expresar en un incremento del PIB real (a precios constantes) pero, tiene que ir más allá de un simple crecimiento del valor monetario de la producción que hemos tenido en los recientes decenios. Se requiere crear empleos preferiblemente de tiempo completo, sin descartar los de tiempo parcial, pero siempre en condiciones decentes, con remuneraciones justas, productivas y, sobre todo, oportunidades de superación para los trabajadores. Detener y reducir fehacientemente la pobreza y la desigualdad. Tener claridad en que el crecimiento económico es absolutamente necesario, pero completamente insuficiente. Para que haya desarrollo humano es indispensable concretar cambios estructurales para alcanzar mejores condiciones de educación, salud, vivienda, ingreso per cápita. Por cierto, Honduras continúa en el último escalón en Centroamérica. Desde hace unos años, nos superaron Guatemala y Nicaragua, y hemos estado crónicamente por debajo de Costa Rica, El Salvador, Panamá y Belice.Ojalá el presente sea diferente a lo que ha sido la expectativa truncada de lo que ocurrió en administraciones anteriores con leyes de pomposo título, carentes de profundidad estratégica y de resultados vanos como las leyes de “Racionalización de las finanzas públicas”, la de “Equilibrio financiero y protección social”, también la de “Equidad tributaria”, la de “Reordenamiento del sistema retributivo del Gobierno central” y así, una larga hemorragia legislativa que no se tradujo en reactivación ni en desarrollo.