En su lúcido pensamiento, Ramón Rosa apelaba a la “regeneración moral” de nuestra cultura política. Su excitativa no encontró respuesta positiva por parte de las facciones disputándose el poder por la vía armada, desangrando a la patria en el proceso.
El 2011, dos años después del golpe de Estado de 2009, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en el Informe presentado a la nación, incorporaba cinco elementos presentes en nuestra cultura política: presidencialismo-personalismo-autoritarismo; existencia de los poderes fácticos; un estilo de negociación y de toma de decisiones cupulares; centralismo; persistencia del poder militar dentro de los asuntos civiles.
Adicionalmente, incluía en el modelo político vigente los siguientes rasgos: relación de dependencia del liderazgo político y de sus organizaciones frente a los poderes fácticos; predominio de una visión clientelar del Estado; los partidos como plataformas electorales; ausencia de una formación ciudadana efectiva que actúa como necesario contrapeso al poder partidista y fáctico, combinándose para la “construcción de una cultura democrática cuyas características básicas (...), demandan respeto a la institucionalidad, horizontalidad, participación ciudadana, inclusión y gestión tolerante de las diferencias, con los civiles como garantes en su mantenimiento y desarrollo”. (Tomo I, pp. 81-83).
Debemos, igualmente, referirnos a otros elementos presentes y vigentes: la corrupción e impunidad practicada por redes que con el saqueo de fondos públicos aceleradamente empobrecen más a la nación y sus habitantes, percibiendo el poder como un botín a ser repartido proporcionalmente entre las dirigencias y sus cercanos cómplices, lo que comparte Gustavo Zelaya al escribir: “La condición normal de gran parte de la ‘clase política’ hondureña consiste en vivir dentro y para la corrupción, sin importar el color del partido en el poder (...), la corrupción es el estímulo vital de la actividad política en Honduras”. (Envío, no. 80, p. 26).
En conclusión, activar en política partidaria constituye un negocio altamente rentable tanto para políticos como para sus patrocinadores, que invierten sumas considerables para su elección, sabiendo que serán generosamente compensados una vez electos a cargos de elección popular en sus tres niveles: en las ramas Ejecutiva, Legislativa y municipal.