Mientras millones de hondureños ajustan sus gastos tras una semana de asueto, ha trascendido que varios diputados, principalmente de la bancada liberal, pero sin descartar que otros hayan participado, recibieron transferencias que rondan los 100 mil lempiras cada uno.
La gente ya lo bautizó como el “bono del pescado”, un nombre que expresa con precisión la indignación frente a un hecho que, más allá de la clara indirecta, representa el uso discrecional de fondos públicos en beneficio de los políticos.
Esta ha sido una práctica sostenida por años, donde el poder se utiliza para repartir recursos sin control ni propósito público claro, pero que también confirma que ciertos sectores políticos no tienen intención por romper con las viejas costumbres que debilitan el Estado.
Instrumentalizar dinero público bajo la etiqueta de “ayudas sociales” no es gestión, sino una distorsión de la función pública. Cuando se extraen recursos del pueblo para repartirlos entre aliados, se abandona la representación ciudadana y se abraza, sin pudor, la lógica del reparto del botín.
Lo más preocupante no es solo la solicitud de fondos desde una bancada, sino la rapidez con la que Casa Presidencial los autoriza y transfiere. Ampararse en reglamentos no resuelve el problema de fondo, pues esta práctica contradice principios básicos de la administración pública y evidencia una relación funcional entre Ejecutivo y Legislativo basada en la conveniencia, y no en el control recíproco.
La entrega de transferencias directas a cuentas personales de diputados sin mecanismos de control, sin auditorías reales y con una discrecionalidad absoluta, es la definición técnica de la corrupción permitida por la ambigüedad de ley y por la interpretación antojadiza que de ella hace la clase política.
Estos fondos no solo alimentan privilegios, sino que se transforman en herramientas para construir lealtades políticas. Así se perpetúa un modelo donde los recursos públicos dejan de responder a las necesidades del pueblo y pasan a sostener redes de influencia que solo benefician a los que están en la cima de la pirámide legislativa.
Este no es un problema de controles o de mejorar mecanismos de rendición, es un problema de origen. Los diputados no deben administrar ni distribuir recursos públicos, pues esa función corresponde a instituciones diseñadas para ejecutar políticas bajo criterios técnicos, y nunca bajo intereses partidarios.
Honduras no necesita bonos disfrazados de ayuda. Necesita leyes y políticos que tengan la decencia mínima de legislar en favor de este país, y un Ejecutivo que gobierne con responsabilidad, en lugar de habilitar prácticas que distorsionan el uso del dinero público.
