Por andar “sudando calenturas ajenas”, Honduras ha tenido que sufrir consecuencias dolorosas en su historia pasada y reciente. El periodista argentino Gregorio Selser en la década de los 80 acuñó el término “Honduras, república alquilada”, que describe una etapa dolorosa, la llamada Doctrina de Seguridad Nacional. Seltzer utiliza el calificativo para denunciar cómo el territorio hondureño estaba siendo utilizado por Estados Unidos como una base de operaciones militares. Para entender la expresión, hay que recordar lo que sucedía en los países vecinos. En Nicaragua había triunfado la Revolución Sandinista (1979) y había movimientos insurgentes en El Salvador y Guatemala, muy activos.
En 1954, el territorio hondureño fue empleado como plataforma por la CIA para el derrocamiento del presidente guatemalteco Jacobo Árbenz Guzmán. Posteriormente, en 1961, durante la invasión de Bahía de Cochinos en Cuba, el territorio hondureño desempeñó un papel logístico clave, sirviendo como base para trasmisiones y operaciones encubiertas de Estados Unidos.
El argumento en todas estas intervenciones fue la “amenaza comunista”, lo que se justificó con la promesa de proporcionar ayuda militar y recursos financieros para impulsar el desarrollo económico y promover la democracia en Honduras, sin embargo, el país continúa figurando entre las naciones más pobres del continente.
Con el tiempo, “la amenaza comunista” está resultando poco convincente, la política de Estados Unidos, especialmente en la administración Trump, el lenguaje intervencionista ya no oculta su intención: “Vamos a hacer que nuestras grandes compañías petroleras estadounidenses, las más grandes del mundo, entren, inviertan miles de millones de dólares”, ha dicho el presidente de los estadounidenses, refiriéndose a Venezuela.
La decisión de Donald Trump de ordenar acciones directas contra el Estado venezolano, incluyendo la judicialización extraterritorial de Nicolás Maduro y su esposa, así como la amenaza directa de escalar a una intervención militar y cambio de régimen, plantea serias cuestiones jurídicas desde la perspectiva del derecho internacional y hace pensar que estamos viviendo la ley de la selva.
Lo dicho por Trump, antes y después de la intervención, es aterrador, no solo para Venezuela sino para toda América Latina y el mundo. Un gobernante que se orienta por una vieja idea del siglo XIX, donde se planteaba que “Dios depositó nuestros recursos naturales en otros países” y además que Venezuela “le quitó ilegalmente a Estados Unidos sus derechos petroleros y que ahora los quiere de vuelta”, hace pensar que ningún país podrá estar seguro del interés y arrebato de su soberanía por parte de Estados Unidos.
Ojalá el presidente electo, Nasry Asfura, no se deje arrastrar con esa narrativa imperial y procure relaciones amistosas con todas las naciones del mundo, en el marco de la Carta de la ONU, no hacerlo implicaría sumar un problema más a las dificultades económicas, políticas y sociales que ya tiene el país, y al final, una mayor inestabilidad
