Por Héctor Espinal. Periodista
¿Cuántos puentes mal construidos se cayeron en Honduras entre 2011 y 2021? La pregunta parece exigir una cifra sencilla. Sin embargo, la información disponible no permite establecer un número verificable de colapsos atribuibles exclusivamente a deficiencias de construcción. Ese vacío también debe preocuparnos: un país que no esclarece por qué fallan sus obras públicas corre el riesgo de repetir sus errores.
La infraestructura de puentes en Honduras sufrió importantes daños durante esa década. Los fenómenos Eta e Iota dejaron una muestra dolorosa de nuestra vulnerabilidad. Un balance divulgado en noviembre de 2020 registró 47 puentes destruidos y 57 parcialmente dañados. Estas cifras reflejan la magnitud de la emergencia, pero no permiten afirmar que todas esas estructuras estuvieran mal construidas.
Precisamente ahí comienza la obligación de investigar. Una crecida extraordinaria, una deficiencia de diseño, una ejecución defectuosa o la falta de mantenimiento pueden intervenir en un colapso. Distinguir sus causas requiere estudios técnicos y conclusiones documentadas. La ciudadanía merece conocerlas.
La fuerza de la naturaleza no puede convertirse en una explicación automática que cierre toda discusión. Después de cada derrumbe corresponde preguntar cómo se diseñó la obra, quién supervisó su construcción, en qué condiciones se encontraba y qué medidas se adoptaron para conservarla. Formular esas preguntas es ejercer el derecho a vigilar el uso de los recursos públicos.
Tampoco sería responsable declarar culpables sin pruebas. La rendición de cuentas exige rigor: establecer qué ocurrió, identificar las obligaciones de cada institución y determinar si fueron cumplidas. Tanto la acusación improvisada como el silencio oficial impiden aprender de lo sucedido.
En esa discusión, el mantenimiento suele ocupar un lugar secundario. Inaugurar un puente ofrece fotografías, discursos y reconocimiento inmediato. Conservarlo exige presupuesto, inspecciones y continuidad administrativa. Su verdadero valor, sin embargo, se demuestra durante los años en que permite llegar a un hospital, asistir a clases, transportar una cosecha o regresar con seguridad al hogar.
Cuando una estructura cae, la pérdida supera el concreto y el hierro. Las comunidades enfrentan recorridos más largos, mayores gastos y dificultades para acceder a servicios esenciales. El productor pierde oportunidades de venta; el trabajador, tiempo e ingresos; y una emergencia médica puede volverse todavía más difícil de atender. La factura termina recayendo sobre familias que ya viven con suficientes limitaciones.
Por eso considero indispensable contar con un inventario público y actualizado de los puentes del país. La ciudadanía debería poder conocer su estado, las inspecciones realizadas, las reparaciones pendientes y los recursos destinados a su conservación. Asimismo, cada colapso debería dar lugar a una investigación cuyos resultados sean accesibles y a la adopción de medidas concretas para prevenir nuevas pérdidas.
El examen debe alcanzar también los acontecimientos posteriores a 2021. Las inquietudes ciudadanas sobre obras como el puente La Democracia, en la conexión de San Pedro Sula con el Caribe; el puente que comunica La Ceiba con el departamento de Colón; el paso a desnivel Juan Manuel Gálvez, conocido como el puente de la 21 de Octubre; y el puente Papa Francisco, en la capital, merecen respuestas documentadas. Cada caso debe examinarse según sus circunstancias, sin confundir daños, fechas ni causas. El colapso parcial del Juan Manuel Gálvez, ocurrido en 2025, recuerda que esta discusión sigue abierta.
Honduras necesita que la reconstrucción venga acompañada de aprendizaje institucional. Si una investigación identifica deficiencias, deben corregirse los procedimientos y establecerse las responsabilidades correspondientes. Si determina que una estructura fue superada por un fenómeno extraordinario, sus conclusiones deben orientar las futuras obras. Reconstruir sin explicar deja intactas las dudas.
La pregunta inicial sigue pendiente. No debemos responderla con cifras improvisadas ni conformarnos con explicaciones generales. Debemos exigir información que permita distinguir lo inevitable de lo que pudo prevenirse.
Un puente representa una promesa de conexión y seguridad. Cuando cae, el Estado debe explicar por qué. Y cuando lo reconstruye, debe demostrar qué ha cambiado para que la historia no se repita.
