El debate sobre la nueva Ley del Sistema Eléctrico de Honduras ha puesto nuevamente sobre la mesa un tema que históricamente genera preocupación en la población: la posibilidad de una privatización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Sin embargo, para que la discusión sea objetiva y útil para el país, es indispensable diferenciar dos conceptos que no son sinónimos: privatizar e incorporar inversión privada.
La privatización implica la transferencia de la propiedad o del control de una empresa pública hacia el sector privado. La inversión privada, en cambio, puede consistir en que empresas particulares aporten capital, tecnología, gestión o financiamiento para determinadas actividades, mientras el Estado conserva la propiedad de los activos, define la política pública, regula el mercado y mantiene el control estratégico de la empresa.
Esta diferencia es fundamental en el análisis del proyecto de ley actualmente en discusión en el Congreso Nacional. La propuesta contempla una reorganización de la ENEE mediante nuevas estructuras empresariales que permitan una administración más eficiente. El objetivo es encontrar mecanismos para atraer inversión hacia actividades donde el Estado enfrenta limitaciones financieras, sin que ello signifique renunciar a la conducción del sistema eléctrico nacional.
La realidad financiera de la ENEE obliga a buscar soluciones innovadoras. Durante décadas, la empresa ha acumulado elevados niveles de endeudamiento, pérdidas técnicas y comerciales, insuficiente inversión en infraestructura y dificultades para modernizar sus redes. Pretender resolver todos estos problemas exclusivamente con recursos públicos resulta cada vez más complejo dentro de las restricciones fiscales que enfrenta el país.
En ese contexto, la participación de inversionistas privados mediante sociedades mercantiles o alianzas estratégicas puede convertirse en una herramienta para acelerar inversiones, mejorar la eficiencia operativa e incorporar tecnología, siempre que existan reglas claras, procesos competitivos, contratos transparentes y una supervisión rigurosa del Estado.
También es importante desmontar otra percepción frecuente: que el Estado conservará únicamente las operaciones deficitarias mientras el sector privado recibirá únicamente los negocios rentables. Ese escenario dependerá del diseño jurídico y económico de cada contrato. Si la legislación establece una adecuada distribución de riesgos, obligaciones de inversión, metas de desempeño y mecanismos efectivos de fiscalización, ambas partes pueden compartir responsabilidades y beneficios sin perjudicar el interés público.
La discusión, por tanto, no debería centrarse únicamente en quién opera determinadas actividades, sino en cómo se protegen los intereses nacionales, cómo se garantiza un servicio eléctrico de calidad y cómo se asegura la sostenibilidad financiera del sistema.
Más que un debate ideológico, Honduras necesita un debate técnico. Lo verdaderamente importante será que cualquier participación privada esté acompañada de transparencia, regulación independiente, rendición de cuentas y una clara preservación del papel rector del Estado. La confianza no dependerá del nombre del modelo, sino de las garantías legales que aseguren que el sistema eléctrico opere con mayor eficiencia, más inversión y mejores resultados para todos los hondureños.
