El proceso de integración regional, coordinado en lo nominal por el Sistema de la Integración Centroamericana (Sica), atraviesa una profunda crisis institucional y política desde hace varios años.
Aunque el ideal de una región unida nació para promover la paz, la democracia y el desarrollo, la realidad actual refleja un vergonzoso estancamiento. La falta de consenso político y el debilitamiento democrático mantienen al bloque en una situación de inoperancia alarmante, provocada por factores estructurales y disputas diplomáticas directas. En general, las élites políticas de nuestros países se mantienen indiferentes a la situación.
Un reflejo contundente de esta fractura jurídica e institucional es el reciente retiro de Honduras de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), acompañado, en los días siguientes, por la expulsión de los magistrados hondureños por parte del régimen nicaragüense. Este incidente entre dos gobiernos no solo se suma a los múltiples golpes directos a la seguridad jurídica de la región, sino que evidencia el desprecio de los mandatarios hacia los tribunales comunitarios, argumentando razones de “austeridad” presupuestaria.
Al desmantelar la confianza en los eventuales fallos supranacionales, los gobiernos transitorios en representación de los Estados permanentes deponen el derecho internacional para priorizar agendas particulares, neutralizando la capacidad del bloque para resolver disputas complejas de manera pacífica y vinculante.
Pero la crisis de empantanamiento de la integración se refleja en toda la precaria arquitectura institucional. A este deterioro se agrega la histórica debilidad e inoperancia del ente llamado a ser, en teoría, el “cerebro” de las voluntades políticas permanentes, es decir, el Parlacen. Concebido originalmente como el órgano de representación democrática de los pueblos, este foro se percibe hoy como una entidad ineficaz, costosa, fantasmal y carente de facultades vinculantes en sus decisiones legislativas. Su incapacidad para influir en las políticas públicas regionales ha transformado al parlamento en un refugio de impunidad política y burocracia estéril.
Al no gozar de legitimidad ciudadana ni de peso legal ante los poderes ejecutivos, el Parlacen perpetúa el desencanto social hacia el ideal unionista y desarrollista.
El problema de fondo radica en la falta de liderazgo de los gobernantes, quienes demuestran una nula capacidad tanto para integrarse con las demás naciones vecinas como para articular consensos auténticos al interior de sus propios países. Los presidentes actuales (y la enorme mayoría de los anteriores) gobiernan para sociedades profundamente polarizadas y fragmentadas, donde la ausencia de cohesión social interna les impide proyectar una agenda internacional sólida, una verdadera política exterior.
Al carecer de una base de estabilidad nacional y de una vocación genuina de diálogo, los mandatarios son incapaces de tejer alianzas vecinales duraderas aun en las cercanías territoriales, condenando a la región al aislamiento y mala imagen. Similar a lo ocurrido en los años sesentas del siglo XX, se continúa careciendo de ciudadanías beligerantes que exijan a los gobiernos de turno a tomar en serio la integración para ser menos vulnerables a las influencias extrarregionales negativas y, obtener los beneficios estratégicos de la cooperación internacional.
Si existiese verdadero liderazgo y vocación de estadistas debería de trabajarse en salir del pantano, levantando el proceso integracionista para empujar el desarrollo regional, nacional y local en lugar de optar por los caminos fáciles de abandonar las aspiraciones históricas y las exigencias de los nuevos tiempos contemporáneos. Irónicamente, parece que a las élites solo les interesa acceder a los préstamos del BCIE y lo demás, sale sobrando.
