Cuando era un joven reportero, llegué a una ONG de protección al medioambiente, dedicada al cuidado de bosques y ríos. Distraída en un escritorio, una secretaria pegaba en papel recortes de periódicos, y distinguí una noticia que yo mismo había publicado unos días antes. Era un informe de la organización para sus patrocinadores, con el fin de reclamar dinero. A mí, ni las gracias.
Sería injusto estereotipar a todas las organizaciones, porque hemos conocido a admirables personas, altruistas y solidarias, que a riesgo de sus vidas defienden los derechos humanos, el medioambiente, la justicia social, la igualdad y se oponen a todo tipo de vejámenes y tropelías. Estos defensores no van con escolta ni en carros blindados, no ganan fabulosos salarios ni se tratan de vos con el poder.
Mezcladas con las altruistas y beligerantes oenegés, se esconden otras tendenciosas y sectarias, financiadas desde el extranjero para crear zozobra e inestabilidad: perversos instrumentos con fines políticos o formidables agencias recaudadoras de dinero para el beneficio de sus directivos, que ganan sueldazos en dólares, usan costosos y acorazados vehículos, viajan por el mundo y construyen fastuosos edificios.
Pasa en Honduras y en muchos países; sin ir lejos, basta con fijarse en El Salvador. El presidente Nayib Bukele no se ha cortado en denunciar que organizaciones autoproclamadas de “sociedad civil” funcionan con una “agenda oculta” para desprestigiar a los gobiernos, con el propósito inocultable de controlar el poder y la dirección de la nación.
Bukele, reconocido por decisiones radicales, determinó que las oenegés paguen un arancel del 30% -que ya aprobó la Asamblea Legislativa- por transacciones, donaciones y desembolsos que reciban. Y como otra vuelta de tuerca, deben inscribirse mediante declaración jurada en el Ministerio de Gobernación, con los programas claros y la financiación. La multa para los infractores: de 100 mil a 250 mil dólares.
La comparación es terrible: el salario mínimo en El Salvador es de 365 dólares mensuales; un diputado gana $3,100; el presidente Bukele tiene un sueldo de $5,181, según declaración de 2024; mientras tanto, ejecutivos de estas ONG cobran hasta $6,000 al mes, solo para prender mecha en el país e interferir en sus asuntos, bajo una descarada injerencia de gobiernos y organizaciones extranjeras.
La acusación de Bukele nos remite sin remedio a la de Donald Trump y Elon Musk sobre lo que hacía la USAID en el mundo, y por eso la cerraron. Lo mismo pasa en Honduras, y vienen a la mente, en especial, dos organizaciones sesgadas y partidistas que malintencionadamente manipulan y exageran a diario la información.Faltará ver si los admiradores que tiene en Honduras el presidente Bukele también apoyan exigirles transparencia y pago de impuestos a estas arbitrarias organizaciones que reciben millones por crearnos desasosiego y desesperanza.
