Una nueva etapa, una vieja vulnerabilidad
Estados Unidos amplía su presencia militar en América Latina. El despliegue anunciado de aproximadamente 500 soldados de la 10.ª División de Montaña hacia la región, más un centenar de efectivos de mando destinados a Miami, forma parte de una estrategia de mayor coordinación contra organizaciones vinculadas al narcotráfico. Se han reportado entrenamientos en Panamá y ejercicios previstos con países como Colombia y Honduras. No existe, sin embargo, confirmación de que esos 500 militares vayan a desplegarse en territorio hondureño para realizar operaciones de combate.
Para Honduras, la cooperación ofrece oportunidades concretas: mejor vigilancia marítima y aérea, inteligencia compartida, entrenamiento y capacidad para interrumpir rutas de tráfico. Pero plantea una pregunta fundamental: ¿puede derrotarse al narcotráfico mediante una mayor colaboración militar cuando parte de su poder proviene de las conexiones que ha construido dentro del propio Estado?
El problema hondureño no se limita a las lanchas, pistas clandestinas o cargamentos de cocaína. Incluye el dinero ilícito que busca comprar protección, influir en elecciones, comprometer investigaciones y convertir actividades criminales en negocios aparentemente legítimos.
Lo que muestran los indicadores
El Índice de Estado de Derecho 2025 del World Justice Project sitúa a Honduras en el puesto 116 de 143 países; en justicia penal, cae al 131. En ausencia de corrupción ocupa la posición 121. Son señales de una debilidad decisiva: la dificultad para investigar delitos, aplicar la ley con independencia y sostener procesos judiciales confiables.
El Índice Global de Crimen Organizado 2025 asigna al país 7.10 puntos sobre 10 en criminalidad y apenas 3.92 en capacidad institucional de resistencia. La presencia de actores criminales incrustados en el Estado recibe 8.50 puntos. Se trata de evaluaciones, no de una acusación indiscriminada contra los servidores públicos. Pero explican por qué capturar traficantes no basta para desarticular sus redes de protección.
Congreso: cuando el dinero compra influencia
El financiamiento político constituye una vulnerabilidad particularmente grave. InSight Crime, citando información de la Unidad de Política Limpia sobre períodos electorales anteriores, reportó proporciones elevadas de fondos partidarios cuyo origen no pudo identificarse: aproximadamente 77 % en el Partido Liberal, 50 % en el Partido Nacional y 40 % en Libre.
Es indispensable distinguir entre dinero no identificado y dinero comprobado del narcotráfico. No son equivalentes. Sin embargo, la opacidad abre espacios para que intereses criminales busquen influencia sobre candidatos, diputados y decisiones públicas.
El problema no termina la noche electoral. Quien financia clandestinamente una campaña puede esperar después nombramientos, contratos, información privilegiada o protección frente a investigaciones. Por eso,
combatir al narcotráfico exige controlar el origen de las contribuciones, identificar a los beneficiarios reales de empresas y aplicar sanciones creíbles por ocultamiento.
La transparencia parlamentaria y electoral no es un asunto secundario de la agenda de seguridad. Es una de sus primeras líneas de defensa.
Justicia: sin sentencias, las capturas se evaporan
La debilidad judicial puede neutralizar operaciones costosas. Un cargamento decomisado no equivale a una organización desmantelada. Una detención no garantiza condena. Sin investigación financiera, pruebas admisibles, fiscales protegidos y jueces independientes, los responsables pueden recuperar sus redes o ser reemplazados rápidamente.
La cooperación estadounidense debería incluir asistencia técnica para construir casos sólidos, rastrear patrimonios ilícitos, proteger testigos y fortalecer al Ministerio Público. Pero ninguna agencia extranjera puede sustituir la obligación hondureña de investigar con imparcialidad, incluso cuando las pruebas conduzcan a figuras políticamente influyentes.
La discusión sobre tribunales especializados y nuevas atribuciones contra el crimen organizado debe preservar las garantías procesales. La eficacia no se mide por condenas a cualquier precio, sino por decisiones judiciales legítimas y sostenibles.
Fuerzas de seguridad: capacidad e integridad
Honduras ya dispone de una relación operativa prolongada con Estados Unidos mediante la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo en Soto Cano. La ampliación de entrenamiento, vigilancia e intercambio de inteligencia puede fortalecer a las instituciones nacionales. También aumenta el valor de la información que manejan y, por tanto, los incentivos criminales para infiltrarlas.
Se requieren controles patrimoniales, unidades de asuntos internos independientes, verificación periódica del personal con acceso a inteligencia y protección para quienes denuncien corrupción. Sin esas salvaguardas, una operación técnicamente impecable puede fracasar por una filtración.
La asignación de recursos merece igual atención. Una investigación de EL HERALDO, basada en datos de la Asociación para una Sociedad Más Justa, señaló que los fondos de la Tasa de Seguridad destinados a Defensa aumentaron de 743.5 millones de lempiras en 2025 a 1,344 millones en 2026, mientras el Ministerio Público no recibió recursos de ese mecanismo.
Fortalecer la capacidad de captura sin invertir suficientemente en investigación y acusación crea un desequilibrio peligroso: más operativos, pero no necesariamente menos impunidad.
Recuperar territorios, no solamente interceptar cargamentos
InSight Crime documentó recientemente en Punta Piedra, Colón, cómo las amenazas obligaron a funcionarios a abandonar gestiones relacionadas con derechos territoriales garífunas. Su investigación describe redes de narcotráfico vinculadas con control territorial y actividades económicas locales.
La experiencia muestra que recuperar la autoridad del Estado exige algo más que patrullajes. Requiere presencia policial sostenible, justicia accesible, protección comunitaria, cumplimiento de sentencias y oportunidades económicas legítimas. De lo contrario, los grupos criminales se repliegan temporalmente y regresan cuando termina la operación.
Además, la lucha contra el tráfico internacional no debe confundirse con la reducción automática de la extorsión que padecen comerciantes, transportistas y familias. Ambas amenazas reclaman respuestas complementarias.
La credibilidad también está en juego
El caso del expresidente Juan Orlando Hernández ilustra las tensiones de esta lucha. Antiguo aliado de Washington, fue declarado culpable por un jurado estadounidense de delitos relacionados con narcotráfico en
2024. El presidente Donald Trump lo indultó en 2025 y la condena fue posteriormente anulada. Hernández ha sostenido su inocencia.
Más allá de las interpretaciones contrapuestas, el episodio recuerda que la cooperación política y militar nunca puede reemplazar controles institucionales independientes. La ciudadanía necesita confiar en que las investigaciones se guían por pruebas, no por simpatías o enemistades partidarias.
La verdadera medida del éxito
Honduras debe aprovechar la cooperación militar estadounidense, dentro de acuerdos transparentes y respetuosos de su soberanía. Pero necesita articularla con investigaciones sobre lavado de activos, financiamiento político, corrupción administrativa y protección judicial. También requiere supervisión independiente y recursos para fiscales y tribunales.
Las cifras decisivas no serán únicamente toneladas incautadas o personas detenidas. Habrá que preguntar cuánto patrimonio ilícito se recuperó, cuántas redes de protección fueron desarticuladas, si disminuyó la extorsión y si las comunidades recuperaron libertad para vivir y trabajar.
La batalla contra el narcotráfico se libra en las costas y fronteras, pero también en los pasillos del Congreso, los tribunales y las instituciones de seguridad. Mientras el dinero criminal pueda comprar decisiones del Estado, ninguna victoria militar será definitiva.
