Cada año, la presentación del Presupuesto General de la República vuelve a colocar una cifra en el centro de la discusión. Para 2027, el proyecto presentado al Congreso Nacional asciende a L455,374.8 millones, unos L11 mil millones más que el aprobado inicialmente para 2026.
A primera vista, disponer de más recursos puede interpretarse como una mayor capacidad del Estado para atender las necesidades de la población. Sin embargo, hay una pregunta que debería acompañar cada aumento presupuestario: ¿de qué sirve asignar más dinero si las instituciones no logran utilizarlo de manera oportuna y eficiente?
Un presupuesto no produce resultados únicamente porque haya sido aprobado. Los recursos necesitan convertirse en carreteras terminadas, medicamentos disponibles, escuelas en mejores condiciones, sistemas de agua funcionando, programas sociales que efectivamente lleguen a quienes los necesitan. La propia Secretaría de Finanzas ha reconocido en años anteriores que buena parte del reto no está en conseguir el dinero, sino en ejecutarlo dentro del tiempo previsto y con la calidad esperada.
Por eso, la discusión sobre el presupuesto de 2027 no debería limitarse a determinar cuánto aumenta o qué institución recibirá más recursos. También debería preguntarse cuánto lograron ejecutar las instituciones anteriormente, qué metas alcanzaron y cuáles fueron las razones que impidieron utilizar los fondos disponibles.
Una institución puede recibir una asignación considerable y aun así enfrentar dificultades de planificación, contratación, gestión administrativa o ejecución de proyectos. Cuando eso ocurre, incrementar los recursos por sí solo no garantiza una mejora proporcional en los servicios públicos. La planificación y el seguimiento son tan importantes como la asignación inicial.
Por ejemplo, una institución puede ejecutar el 95 por ciento de su presupuesto, pero eso no significa automáticamente que tuvo un buen desempeño. Si no alcanzó las metas previstas, si los proyectos quedaron incompletos o si los servicios no llegaron a la población, entonces existe una diferencia entre gastar los recursos y obtener resultados. Ejecutar no es sinónimo de cumplir.
Esto tampoco significa que aumentar el presupuesto sea innecesario. Existen sectores que requieren mayores inversiones y necesidades que demandan recursos adicionales, especialmente en infraestructura, salud y educación. Pero deben evaluarse resultados y comprobar que el dinero efectivamente cumple el propósito para el cual fue aprobado.
Sin indicadores claros ni rendición de cuentas, un presupuesto más grande corre el riesgo de repetir los mismos vacíos de ejecución, solo que con cifras más altas.
Al final, Honduras puede aprobar un presupuesto público, pero no debería medirse solamente por los millones que contiene, sino por lo que consigue transformar: el verdadero desafío seguirá siendo lograr que esos recursos se utilicen bien, a tiempo y en beneficio de la población.
