Hablar de reformas electorales en Honduras no es novedoso. Desde hace años, después de cada crisis, de cada proceso cuestionado y de cada episodio de tensión política, volvemos al mismo punto: reformar las reglas. Esta semana, incluso, organizaciones de la sociedad civil entregaron al Congreso Nacional un paquete de 87 propuestas distribuidas en cinco bloques normativos. El debate, por tanto, vuelve a estar sobre la mesa. Pero conviene recordar algo elemental: cambiar la ley puede ser necesario, aunque nunca será suficiente.
Los asuntos electorales le han costado demasiado al país. No solamente en desgaste institucional o confrontación política, sino también en vidas humanas. La crisis postelectoral de 2017 dejó muertos, heridos y una profunda fractura social: la OACNUDH documentó al menos 23 fallecidos en el contexto de aquellas protestas. Sin embargo, quizá uno de los daños más persistentes ha sido la pérdida de confianza. Cuando un ciudadano duda de la institución que administra su voto, sospecha del conteo o considera que una decisión electoral responde antes a intereses partidarios que a criterios técnicos, el problema deja de ser únicamente jurídico y se convierte en un problema democrático.
Por eso, las reformas deben ir más allá de modificar artículos. Honduras necesita profesionalizar la función electoral. Más que repetir la consigna de “despartidizar” los organismos electorales, debemos elevar el perfil de quienes trabajan dentro de ellos. Necesitamos servidores públicos seleccionados por capacidad, experiencia, idoneidad y conocimiento técnico; una verdadera carrera electoral que permita acumular experiencia institucional y reduzca la improvisación cada cuatro años.
También debemos fortalecer a los propios partidos políticos. Nuestra Constitución los reconoce como instituciones de derecho público, creadas para contribuir a la efectiva participación política de los ciudadanos. Esa naturaleza debería traducirse en mejores capacidades técnicas, mecanismos internos sólidos y una verdadera cultura de respeto a las reglas.
El caso conocido esta semana debe llamar nuestra atención. La ATIC capturó a Melvin Cevallos, dirigente de Libre, acusado por el Ministerio Público de presuntos delitos de coacción y amenaza electoral vinculados con hechos ocurridos durante el proceso de contratación del TREP en 2025. Su responsabilidad deberá ser determinada por los tribunales, y se debe respetar el debido proceso. Pero, independientemente del resultado judicial, ninguna militancia, de ningún partido, debería pretender colocarse por encima del funcionamiento regular de los organismos electorales.
El debate que Honduras necesita debe ser menos partidario y mucho más técnico. Reformar las leyes importa; construir instituciones capaces de cumplirlas importa todavía más. El voto del hondureño es sagrado. Administrarlo con profesionalismo, protegerlo frente a presiones y garantizar que cada resultado refleje fielmente la voluntad popular debe ser el verdadero sentido de cualquier reforma electoral.
