La advertencia emitida por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) sobre las recientes reformas penales aprobadas en Honduras no es un mero trámite diplomático ni una injerencia externa; constituye una alerta frente al debilitamiento de las garantías que sostienen el Estado de derecho. Desde la sociedad civil hondureña, que ha cargado sobre sus hombros décadas de violencia estructural, extorsión y abandono estatal, lo decimos sin ambages: pretender combatir el crimen organizado debilitando las garantías constitucionales es cambiar el terror de las pandillas por la arbitrariedad estatal.
El discurso oficial insiste en que las medidas excepcionales son el único antídoto contra las estructuras criminales que han sembrado luto en el país. Sin embargo, el paquete de reformas impulsado desde el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad y aprobado por el Congreso Nacional configura, en su conjunto, un esquema de restricciones que, como advierte la OACNUDH, se asemeja a facultades propias de un estado de excepción, sin que exista una declaratoria formal de suspensión de garantías.
El punto más regresivo de estas reformas radica en el desplazamiento del derecho penal para abrazar el derecho penal de autor. Cuando los tatuajes, la apariencia física o determinados elementos de vestimenta se convierten en indicadores para presumir la pertenencia a una asociación terrorista, la persecución penal deja de concentrarse en las conductas individuales y comienza a sustentarse en características personales, legalizando el perfilamiento estigmatizante.
En un país profundamente desigual, ¿quiénes estarán más expuestos a los efectos de esta discrecionalidad policial y judicial? No necesariamente los grandes financistas del narcotráfico ni los operadores políticos de cuello blanco que históricamente han logrado evadir la justicia, sino los jóvenes de sectores excluidos, cuya sola apariencia bastará para condenarlos a la prisión preventiva automática en módulos de máxima seguridad, sin revisión judicial individualizada.
Las advertencias de la OACNUDH apuntan a fisuras institucionales particularmente graves: Allanamientos sin control judicial posterior: se flexibiliza la inviolabilidad del domicilio, dejando a las familias hondureñas a merced de operativos nocturnos sin trazabilidad ni rendición de cuentas.
Detenciones prolongadas en la opacidad: ampliar a 48 horas el plazo de detención antes de poner a una persona a disposición del juez, crea el caldo de cultivo perfecto para detenciones arbitrarias, tortura, malos tratos e incluso situaciones que podrían facilitar desapariciones forzadas.Blindaje de la impunidad: Mientras el acceso efectivo al habeas corpus para el ciudadano particular opera en un plano limitado, se otorgan privilegios y blindajes a funcionarios y agentes de seguridad, repitiendo el viejo libreto de un aparato coercitivo que se investiga a sí mismo y jamás se sanciona.
Nadie en la sociedad civil niega la urgencia de desarticular las redes de extorsión, sicariato y narcotráfico que asfixian a la ciudadanía. Pero la eficacia de una política criminal no se mide por la cantidad de derechos restringidos, las detenciones acumuladas o el endurecimiento de las penas, sino por su capacidad para desmantelar las finanzas ilícitas, depurar las instituciones infiltradas por el crimen, combatir la impunidad y garantizar justicia efectiva a las víctima.