La crisis que atraviesa la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) no es un hecho aislado, sino un reflejo del estancamiento socioeconómico de Honduras. La propuesta actual de reestructuración corporativa, dividiéndola en una matriz estatal y tres empresas especializadas en Generación, Transmisión y Distribución bajo el compromiso del ejecutivo de mantener el patrimonio público, busca elevar la eficiencia administrativa. No obstante, frente a un pasivo acumulado que roza los L 110,000 millones y compromisos inmediatos superiores a los L 26,000 millones, el diagnóstico oficial peca de incompleto: equipara la reorganización institucional con la resolución de una hemorragia de pérdidas técnicas y no técnicas que rebasa el 35% de la energía inyectada a la red.
La investigación realizada, establece que el costo de la tarifa eléctrica asfixia a la clase trabajadora y al comercio formal y que es un efecto directo a la distorsión de los Contratos de Suministro de Energía (PPA) firmados en décadas pasadas. Si bien la renegociación de adendas logró reducir nominalmente el costo por megavatio hora en algunos generadores renovables, el problema estructural persiste: cargos fijos por capacidad no despachada, indexaciones tarifarias ligadas al dólar e incentivos distorsionados que obligan a la estatal a pagar energía costosa antes que la de menor costo variable. Esta pesada carga contractual traslada la ineficiencia del modelo de mercado a las facturas del consumidor, donde la tarifa se vuelve insostenible frente al salario real de la población.
A la distorsión en la generación se suma una red de transmisión y distribución obsoleta e ineficiente. Desde la perspectiva de la ingeniería eléctrica, atacar el fraude únicamente mediante operativos de campo intermitentes resulta arcaico e insuficiente. Se requiere el despliegue masivo de infraestructura de Medición Inteligente (AMI) descentralizada con protocolos de telemedición, en tiempo real. Fiscalizar el fraude cuadrilla por cuadrilla deja el proceso expuesto a la discrecionalidad y la corrupción local; la verdadera solución exige monitoreo digital con capacidad de corte remoto y balance de potencia en tiempo real por transformador de distribución para detectar el hurto de forma automatizada.
Por su parte, el tratamiento de las pérdidas técnicas exige un Plan Maestro de Infraestructura de Potencia respaldado por inversiones intensivas de capital. Las líneas de transmisión operan al límite de estabilidad, las subestaciones superan su capacidad nominal y los circuitos primarios carecen de bancos de condensadores para compensar la energía reactiva. Pretender reducir el deterioro técnico mediante decretos o discursos sin invertir en la repotenciación de subestaciones y en la sustitución de conductores saturados es técnicamente inviable.
Esta insuficiencia operativa se agrava por el colapso en la recaudación comercial. La mora acumulada supera los L 20,200 millones de lempiras, alimentada principalmente por el sector privado comercial e industrial (con más de L 4,600 millones en impagos) y el propio Estado, que arrastra un saldo moroso de L 4,250 millones entre secretarías y entes autónomos. La ENEE ha actuado históricamente como un acreedor pasivo, atada a juicios ordinarios lentos que dilatan los cobros o atrapada en la ineficiencia de un sector público que consume fluido sin presupuestarlo.
Frente a este vacío procesal, el Congreso Nacional tiene la responsabilidad histórica de aprobar una reforma a la Ley General de la Industria Eléctrica que dote a la ENEE de una Jurisdicción Ejecutiva Coactiva clara, expedita y segmentada. La enmienda debe otorgar el carácter de título ejecutivo de cobro inmediato a las facturas vencidas, permitiendo a la Dirección Legal decretar embargos precautorios sobre cuentas bancarias corporativas y bienes de los grandes deudores en plazos no mayores a 30 días, cerrando los portillos procesales en los tribunales ordinarios.
No obstante, una ley objetiva debe reconocer las asimetrías del tejido productivo. Aplicar medidas cautelares severas de forma indivisa destruiría a la micro, pequeña y mediana empresa (MIPYME), la cual genera más del 70% del empleo nacional y carece del flujo de caja de un gran corporativo. Por ello, la legislación debe establecer una segmentación progresiva: mientras para los grandes deudores comerciales e institucionales regirá el embargo estricto y el bloqueo del Registro Tributario Nacional (RTN), para las MIPYMES la ley debe mandar convenios de pago automatizados a largo plazo sin intereses punitivos, evitando que la cobranza coactiva destruya el empleo o empuje a los pequeños comerciantes a la informalidad.
En el caso del sector público, la reforma debe tipificar la Deducción Directa de Partidas administrada por la Secretaría de Finanzas (SEFIN). Previo a desembolsar el presupuesto operativo a cualquier secretaría o municipalidad morosa, SEFIN debe debitar in situ el monto exacto del consumo eléctrico adeudado y transferirlo directamente a la caja de la ENEE. Esta medida erradica la mora gubernamental de raíz sin entorpecer la administración pública ni generar burocracia adicional.
Esta fragilidad fiscal y técnica compromete directamente la competitividad de la nación. El capital demandante de inversión requiere energía confiable, estable y competitiva. Los racionamientos y la inestabilidad del suministro elevan los costos de producción y, en un mercado donde la mayoría de las familias no logra cubrir la Canasta Básica, las ineficiencias del sistema operan como un impuesto oculto que reduce el poder adquisitivo, restringe la productividad y empuja a la población al subempleo o a la migración forzada.
Asimismo, la gestión del sistema eléctrico no puede aislarse del deterioro ambiental y del cambio climático. La matriz hidroeléctrica de Honduras sufre la vulnerabilidad de la variabilidad hidrológica acentuada por el fenómeno de El Niño, reduciendo los embalses y obligando a despachar energía térmica más costosa y contaminante. Sin una política rigurosa de protección, restauración y reforestación de las cuencas hidrográficas prioritarias, la seguridad energética seguirá expuesta a las sequías extremas y a la degradación de los suelos.
Frente a esta crisis multidimensional, la visión de la ENEE como un botín de clientelismo político debe erradicarse. Todos los sectores políticos que han gobernado deben asumir su cuota de responsabilidad en este déficit histórico. Pretender sostener a la empresa matriz y a sus subsidiarias mediante endeudamiento sistemático o parches tarifarios provisionales es una trampa fiscal que pone en riesgo la estabilidad macroeconómica de la nación.
En consecuencia, el rescate de la ENEE exige que el Poder Legislativo actúe con rigor técnico y proporcionalidad social. Los ingresos recuperados mediante la cobranza coactiva a grandes capitales y el saneamiento fiscal de las deudas del Estado no deben diluirse en gasto corriente o burocracia, sino ingresar por mandato de ley a un Fondo de Infraestructura Energética y Transición Verde, destinado exclusivamente a la expansión de la red de transmisión, proyectos de almacenamiento energético y conservación de cuencas hidrográficas. Solo con firmeza contractual, ingeniería moderna y un marco legal justo Honduras podrá convertir una pesada carga fiscal en el motor energético del desarrollo sostenible.
