Honduras transita permanentemente por una cuerda frágil, atrapada entre el clamor desesperado de una ciudadanía agobiada por la violencia estructural y la tentación constante del poder político de responder con atajos autoritarios.
El debate sobre la seguridad ciudadana se ha reducido peligrosamente a una falsa disyuntiva: se gobierna con el puño de hierro del estado de excepción permanente o se entrega el territorio al crimen organizado.
En este dilema, la Constitución y los derechos fundamentales son tratados como estorbos prescindibles en el altar de una seguridad que se promete casi inmediatamente.
Las políticas de “mano dura” y las reformas penales -que se multiplican al calor del cálculo electoral y del miedo social- prometen soluciones a través del endurecimiento de penas, la suspensión de garantías y la militarización de la seguridad pública. Su atractivo no es casual: en sociedades golpeadas por la violencia y la impunidad, el populismo punitivo encuentra terreno fértil al ofrecer medidas simples a problemas complejos.
Esta fascinación por las respuestas autoritarias se refleja en los recientes movimientos de la clase política nacional: el viaje de los diputados de las comisiones de Seguridad y Defensa a El Salvador no es más que una peregrinación ideológica en busca de alternativas ajenas para replicar el régimen de excepción.
Al pretender importar medidas de seguridad del gobierno de Bukele bajo el argumento de combatir la extorsión y los asesinatos, el liderazgo legislativo exhibe una profunda bancarrota creativa y corre el riesgo de trasladar fórmulas sin ponderar sus costos jurídicos e institucionales.
La pretensión de adaptar estas recetas a la realidad nacional -coronada con el recorrido al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT)- revela un peligroso entusiasmo por institucionalizar el modelo del estado carcelario permanente.
Bajo la óptica de los derechos humanos, esta seducción por el espectáculo penitenciario es una bomba de tiempo. Copiar un sistema edificado sobre la suspensión masiva del debido proceso, el colapso de las garantías judiciales y el hacinamiento absoluto en un aparato con instituciones frágiles y penetradas por la corrupción no resolverá el crimen organizado; por el contrario, entregará un cheque en blanco al abuso de poder.
Trasladar el peso de la autoridad policial sobre los eslabones más débiles y vender el aislamiento penal como el trofeo de la eficiencia estatal es un monumental ejercicio de demagogia que maquilla la incapacidad estructural del Estado para desarticular las finanzas de las redes criminales transnacionales.
La obligación constitucional de respetar los derechos fundamentales no es un capricho garantista ni una concesión hacia quienes delinquen; es uno de los límites que distinguen a una república democrática de la barbarie autoritaria. Cuando el Poder Legislativo evalúa importar medidas que restringen garantías bajo la promesa de seguridad, pone a prueba su compromiso con el Estado de derecho.
¿Qué autoridad moral puede esgrimir un Congreso que adopta leyes de excepción para, supuestamente, hacer cumplir la ley? Honduras necesita una transformación profunda que abandone los populismos carcelarios y la imitación acrítica de prácticas extranjeras.
La verdadera seguridad ciudadana no brota de la exhibición de prisiones de máxima seguridad ni de la retórica belicista, sino de la construcción de instituciones incorruptibles, de fiscalías con capacidad técnica, de una policía civil profesional y, sobre todo, de políticas públicas que atajen las causas raíces de la violencia: la desigualdad, la falta de oportunidades y la impunidad.
Al final, nos venden la ilusión de que para vivir en paz es necesario renunciar a nuestros derechos, como si la seguridad exigiera convertir al país entero en una megacárcel. Si confundimos la popularidad del castigo con la eficacia de la justicia, corremos el riesgo de terminar convertidos en aquello que juramos combatir: una sociedad sin ley, sin derechos y, sobre todo, sin salida.
