La deshumanización comienza cuando se desconoce la dignidad de la persona, cuando sus necesidades y esperanzas dejan de importar. La politiquería, degeneración de la política, convierte esa indiferencia en método de gobierno. Mientras la verdadera política procura el bien común, la politiquería utiliza el poder público para satisfacer ambiciones particulares, repartir privilegios y perpetuar intereses partidarios.
Honduras conoce dolorosamente esta realidad: durante décadas, muchísimos dirigentes han confundido el Estado con una propiedad privada y al ciudadano con una ficha electoral. Al pueblo lo buscan para pedirle el voto; después lo abandonan frente al hambre, la enfermedad, el desempleo y la inseguridad. Pagan mal por bien. ¿Puede llamarse servidor público quien se enriquece mientras la población permanece sumergida en la insultante pobreza y desesperanza?
La corrupción roba dinero, arrebata medicinas al enfermo, educación al niño, oportunidades al campesino y bienestar a la sociedad. Es una forma cruel de deshumanización. Los politiqueros prometen justicia y practican favoritismo; predican democracia y cultivan obediencias; invocan a Dios mientras ofrecen culto al dinero. Politiqueros sin temor de Dios.
A aquellos que aseguran no interesarles la política les recordamos que las decisiones de los gobernantes alcanzan sus hogares, sus empleos y el futuro de sus hijos. La indiferencia ciudadana no castiga al corrupto; al contrario, les facilita el camino. Honduras necesita un pueblo vigilante, organizado, pacífico y resuelto a defender sus derechos.
La degradación alcanza a los partidos políticos (Liberal, Nacional, Libre). Sus principios han sido desplazados por el culto a caudillos transitorios. Olvidan que las instituciones deben sobrevivir a las personas y que ningún dirigente es dueño de la voluntad popular. Cuando los partidos subordinan la ley a sus conveniencias, debilitan la democracia y abren espacios al autoritarismo.Las elecciones generales de noviembre de 2025 dejaron advertencias que nadie debería minimizar. La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea documentó polarización, interferencias políticas y deficiencias institucionales. Su informe de marzo de 2026 formuló veinticuatro recomendaciones, entre ellas, fortalecer la independencia del Consejo Nacional Electoral.
Ya en 2011, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación propuso reducir la influencia partidaria en las autoridades electorales. Quince años después, persiste la obligación de construir organismos técnicos, independientes, transparentes y sujetos a rendición de cuentas. No bastan reformas cosméticas diseñadas por quienes pretenden controlar al árbitro y competir al mismo tiempo.
Una nación que tolera la humillación de sus ciudadanos termina normalizando la injusticia. Ni la pobreza ni el miedo deben convertirse en instrumentos de dominación política, mucho menos en destino nacional. El ciudadano debe rechazar la politiquería, exigir transparencia, denunciar la corrupción y defender la independencia electoral. Es responsabilidad cívica.
La ciudadanía debe exigir honestidad, justicia e instituciones fuertes. Ningún funcionario está por encima de la ley; ningún partido es dueño de Honduras. La dignidad humana no se mendiga, se ejerce y se defiende con firmeza. Dios salve a Honduras. Queda planteado.
