El tema del momento en Honduras es el requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público en contra de los miembros de la excomisión permanente del Congreso Nacional de la República. Este tema ha despertado interés en el debate nacional; sin embargo, hay varios matices que debemos tomar en consideración.
Uno es que la polarización política entre los partidos y sus simpatizantes es evidente, y este es un tema que nació, se alimentó y creció desde el golpe de Estado de 2009. Más allá del debate político, lo preocupante es la disputa que se genera entre hondureños por asuntos políticos. Lo peor de todo es que gran parte de esos debates acalorados que vemos en el Congreso o en medios de comunicación no son ciertos: fingen ser acérrimos enemigos porque saben que eso les hace seguir teniendo la fidelidad de sus votantes. Aunque en cámaras se insulten, en privado comen juntos y se ríen de las exageraciones que hicieron en público. Así que no vale la pena pelearnos entre hondureños por defender intereses de personas que lo único que hacen es devengar enormes salarios por decir que nos “representan”.
Por otra parte, no podemos desconocer el enorme abuso con el que actuó la Comisión Permanente del Congreso Nacional anterior. Se extralimitaron en sus facultades; en muchos casos, se atribuyeron facultades que le competen al pleno del Congreso Nacional. Nueve personas seleccionadas de dedo para favorecer una línea partidaria.
No podemos ni debemos olvidar que el partido que gobernó anteriormente procuró sabotear todo el proceso electoral de 2025, desde las elecciones primarias hasta las elecciones generales, y la Comisión Permanente procuró apoyar esta línea para desacreditar los resultados electorales de las elecciones generales de 2025.
Todos esos abusos generaron desconfianza e incertidumbre en el pueblo hondureño. Este tipo de hechos no deben seguir tolerándose para ningún partido político. Y este caso no es un mensaje para quienes hoy son oposición; debe ser un mensaje para quienes hoy gobiernan, que deben respetar la voluntad popular de los hondureños, que con la ley no se debe jugar.
Uno de los últimos elementos que se debe traer a colación es que debemos mejorar los procesos de elección de segundo grado. Se deben fortalecer para debilitar el debate de que estos responden a intereses político-partidarios. Este tema ha sido objeto de crítica de cada fiscal general que ocupa esa silla dentro del Ministerio Público y, mientras eso no se mejore, cada requerimiento fiscal presentado se dirá que es “persecución política”.
