Honduras adolece de una crónica enfermedad política destructiva: la adicción al poder, también conocida como síndrome de Hubris. Se trata de una conducta compulsiva asociada con una dependencia psicológica hacia el control, la autoridad y la influencia sobre los demás.
Sus principales síntomas son la grandiosidad y la megalomanía, el desprecio hacia los demás, la pérdida de contacto con la realidad, la excesiva confianza e impaciencia, la identificación con la institución o el país, la falta de empatía y la incapacidad para la autocrítica.
El síndrome de Hubris describe un cambio de personalidad adquirido en personas que ejercen un poder prolongado, desinhibido y real.La adicción al poder es una ambición desmedida de la clase política por perpetuarse en el poder, aun cuando sus actuaciones contradicen la ética, la justicia y los intereses superiores de la nación. Para estos personajes, gobernar deja de ser un servicio al pueblo para convertirse en una oportunidad de acumular privilegios, influencias y riquezas.
Infelizmente, esta ambición desmedida se traduce en corrupción, la cual ha encontrado terreno fértil en las estructuras del sistema político hondureño. El clientelismo, el nepotismo, el tráfico de influencias, la malversación y los pactos de impunidad son manifestaciones de un problema que no reconoce fronteras partidarias.
La deshonestidad no pertenece exclusivamente a una bandera política; aparece donde los intereses particulares se imponen sobre la ley y el bienestar colectivo. Resulta indignante observar cómo determinados políticos y funcionarios, lejos de avergonzarse ante escándalos y denuncias, continúan disputándose cargos públicos como si el Estado fuera patrimonio familiar. Mientras tanto, miles de hogares enfrentan pobreza, miseria y ruina; desempleo; deficiencias educativas y de salud; y carecen de recursos y de certidumbre sobre su futuro.
Los partidos políticos tienen una responsabilidad ineludible, pero olvidaron actuar como filtros rigurosos para impedir que personas con antecedentes de corrupción comprobada o con manifiestos conflictos de interés utilicen las candidaturas como instrumentos de protección y enriquecimiento.
Las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025 dejaron al descubierto debilidades institucionales: funcionarios en franca deshonestidad, llegando incluso a situaciones que podrían calificarse de traición a la patria, abuso de poder y cinismo; disputas entre autoridades; y ausencia de transparencia en el procesamiento de los resultados. Estas situaciones han sido señaladas y documentadas por instituciones internacionales.
Los organismos electorales no deben convertirse en prolongaciones de las dirigencias partidarias. Honduras necesita autoridades independientes, honestas y técnicamente capaces, seleccionadas mediante procedimientos públicos y verificables.
Su lealtad corresponde a la Constitución y al voto ciudadano, jamás a quienes les facilitaron un nombramiento. La independencia electoral requiere concursos transparentes, incompatibilidades efectivas, auditorías públicas, protección frente a presiones y sanciones para quienes vulneren su deber de imparcialidad.
La ciudadanía posee una fuerza decisiva para vigilar. Su fortaleza debe traducirse en exigir rendición de cuentas y proteger que el voto sea libre, secreto e informado. No corresponde resignarse ante la corrupción ni sustituir las pruebas por consignas.
Corresponde exigir justicia sin privilegios, instituciones sin subordinación partidaria y representantes sometidos al escrutinio público.
¡Basta de corrupción! Queda planteado.
