Los juicios políticos realizados en Honduras son un hito en la consolidación democrática. Se sustentan en el principio de responsabilidad de los servidores públicos, inseparable de la República.
No es un proceso penal, ni civil, es control constitucional que evalúa la idoneidad o no del alto funcionario. Su aplicación es indispensable para la seguridad jurídica. Nunca más un funcionario actuará sin consecuencias frente a abusos de poder, a violaciones a la ley o atentados a la democracia.
El PLR, ni ningún otro partido quedan convidados a la arbitrariedad. Ciudadanos que asuman funciones públicas tendrán claro que solo pueden someterse al imperio de la ley. Nunca más a los caprichos de mentes anárquicas y siniestras.
El mensaje quedó claro: la institucionalidad no será secuestrada ni socavará la voluntad popular.
La actuación patriótica de todo Congreso Nacional, de su presidente, de las comisiones especiales, del pleno, impidieron que altos funcionarios coludidos en contra del sistema democrático y a favor de la corrupción, continuaran causando más daño.
Futuros funcionarios están advertidos: conductas contrarias a la legalidad, a las formas institucionales e incluso a las buenas costumbres, no serán toleradas.
El Ministerio Público, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) no solo exigen probidad y alta formación académica a sus titulares, igual exigen solvencia ética y estabilidad psicológica.
Evaluaciones psicométricas, toxicológicas y otros mecanismos de verificación deben ser herramientas legítimas para garantizar que quienes asuman tales cargos sean verdaderos garantes de la democracia.
El objetivo se logró: salvaguardar la República de quienes aceptaron el rol de botones de la mente confundida de la oligarquía melista.
Que estos juicios políticos sean parteaguas.
Honduras no permitirá que la impunidad destruya sus instituciones. La rendición de cuentas no es opción: es base del futuro democrático sólido y sostenible.
