La guerra en torno a Irán no es el resultado inevitable de una amenaza inminente, sino la consecuencia de una escalada deliberada impulsada por Israel y sostenida por el respaldo político, militar y diplomático de Estados Unidos. Presentarla como un acto defensivo es una simplificación que oculta una realidad más incómoda: esta fase del conflicto fue forzada desde arriba por intereses geoestratégicos que buscan consolidar la lógica necesaria de Washington y Tel Aviv, que buscan impedir que Irán se consolide como una potencia capaz de desafiar el equilibrio de poder en Oriente Medio.
Israel ha abandonado cualquier lógica de contención y ha optado por una estrategia abiertamente ofensiva, atacando objetivos claves iraníes y empujando el enfrentamiento más allá de la guerra indirecta que durante años mantuvo un equilibrio precario. Lo hace con la seguridad de que Washington garantizará impunidad internacional, bloqueará condenas efectivas y absorberá los costos políticos de la escalada. Estados Unidos ha bloqueado las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la causa palestina, a la que Israel le ha arrebatado su territorio, violentado sus derechos a existir como nación y recurriendo a prácticas de exterminio de la población. Ahí está el caso de Gaza con más de 70 mil muertes violentas en los últimos 3 años.
Estados Unidos, lejos de actuar como factor de moderación, funciona como autor central del conflicto. Bajo el discurso de la seguridad regional, avala una política de fuerza que debilita aún más la estabilidad de Medio Oriente y consolida un doble estándar: el uso de la violencia es legítimo cuando lo ejercen sus aliados, pero inaceptable cuando proviene de sus adversarios.
Decir que “otros decidieron escalar” no significa que Irán sea un actor pasivo. Significa que la escalada suele producirse cuando confluyen incentivos externos: necesidad de mostrar fuerza, asegurar alianzas, mantener credibilidad militar o reordenar prioridades geopolíticas.
En la guerra que se libra en Irán, se violenta la Constitución de los Estados Unidos. El presidente Trump, en los sucesos de la presente escalada militar, actuó en solitario: sin la autorización del Congreso, sin que hubiese una amenaza visible, se violentó La Carta de la ONU que prohíbe el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, cuestión que pone en peligro la seguridad internacional. Basta ver cómo Estados Unidos y sus adláteres, en el caso de América Latina, se dan el lujo de enumerar a los países que -según su turno- les tocaría una invasión correccional, según su razonamiento.
Lo grave no es solo el conflicto en sí, sino el precedente que deja. Israel actúa como potencia regional sin límites reales; Estados Unidos confirma que el llamado orden internacional no se basa en normas universales, sino en relaciones de poder. La legalidad, la soberanía y el derecho internacional se invocan o se ignoran, según los intereses de los que presumen el control del mundo.
Unas relaciones internacionales basadas en la fuerza no pueden ser constitutivas de la paz que demanda la opinión pública mundial.
