Hace 32 años, se suscribió en México la Declaración de Chapultepec, un decálogo que establece normas de respeto a la libertad de expresión y libertad de prensa, a la vez que hace énfasis en los principios que deben existir y preservarse en toda sociedad que aspire a vivir en democracia, con libertad y respeto a los derechos fundamentales de las personas.
Aquella Declaración fue firmada por intelectuales y periodistas. En estas tres décadas se han sumado varios presidentes de América, al menos aquellos que dicen respetar la libertad de expresión y han querido comprometerse con el respeto al ejercicio periodístico en la forma en que lo señala ese documento, que hoy cobra vigencia, en la medida en que se debilita en casi todos los países el derecho a informar y ser informado. Por estos días se ha realizado la Asamblea de Medio Año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), una reunión –ahora virtual–, en la que se ha destacado el casi permanente deterioro de ese derecho fundamental que, por cierto, está contemplado en casi todas las constituciones del hemisferio y en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
El índice de Chapultepec de la SIP mide el nivel de libertad de prensa país por país en las Américas. Paralelamente, hay otro índice regional, el Latinobarómetro, que mide el nivel de democracia. ¿Qué tienen en común estos dos índices? Muy sencillo, ambos muestran que hay deterioro y que los avances son más bien excepciones, porque en la generalidad de nuestros países perdemos libertad de expresión, al tiempo que se debilita la democracia como principio de gobernabilidad política con libertades plenas.
Quiero destacar dos párrafos de la Declaración de Chapultepec, porque vienen como “anillo al dedo” para este tema. En su preámbulo dice: “La práctica democrática debe reflejarse en instituciones modernas, representativas y respetuosas de los ciudadanos; pero debe presidir también la vida cotidiana. La democracia y la libertad, binomio indisoluble, solo germinarán con fuerza y estabilidad si se arraigan en los hombres y mujeres de nuestro continente”.
Luego añade: “Sin la práctica diaria de ese binomio, los resultados son previsibles: la vida individual y social se trunca, la interacción de personas y grupos queda cercenada, el progreso material se distorsiona, se detiene la posibilidad de cambio, se desvirtúa la justicia, el desarrollo humano se convierte en mera ficción. La libertad no debe ser coartada en función de ningún otro fin. La libertad es una, pero a la vez múltiple en sus manifestaciones; pertenece a los seres humanos, no al poder”.
Lamentablemente esto último no está ocurriendo. Cada vez más, vemos que el autoritarismo brota y se impone, que el autoritarismo limita las libertades y cercena los derechos fundamentales de las personas. Los ciudadanos pierden la pertenencia de las libertades, entre ellas, la de expresarse sin miedo al castigo, asesinato, censura o persecución judicial.
De acuerdo con los informes conocidos en la Asamblea de la SIP, Cuba, Venezuela, Nicaragua, El Salvador, Ecuador, Bolivia, Honduras, Perú, Haití y Estados Unidos son los países con las peores calificaciones en materia de libertad de expresión, pero hay otros países, como Guatemala, Costa Rica, Bolivia y Argentina, que no solo no muestran mejoría, sino que más bien están perdiendo ese derecho tan necesario para la vida democrática. Son muchos los países en donde lo que se impone es la línea intolerante y violenta que suele acompañar a los gobernantes autoritarios. Daniel Ortega, Miguel Díaz-Canel, Donald Trump, Javier Milei y Nayib Bukele, a los que se van sumando otros con las mismas actitudes, son ejemplo de cómo ese estilo de gobernar es acompañado de represión hacia la prensa. No gustan de la verdad ni de la crítica. Prefieren censurar de cualquier manera a las voces disonantes.
Otro efecto del autoritarismo es que suelen utilizar y manipular a las instituciones –justicia y legislativo– para acentuar sus políticas restrictivas y de censura. Los procesos judiciales contra periodistas y medios son cada vez más comunes. Los periodistas en el exilio –de los países mencionados– se cuentan por centenas, mientras que no faltan los intentos de reducir los espacios de libertad por medio de leyes más bien antidemocráticas.
El autoritarismo solo puede sostenerse mientras la población piense que las cosas van bien bajo este u otro gobierno. No importa la ideología, porque entre los nombres que menciono, hay tanto de izquierda como de derecha... siempre de corte radical, eso es seguro.
Desde mi punto de vista, la SIP, los periodistas y los medios, hemos pecado en no crear una mayor conciencia ciudadana, en el sentido de que la libertad de expresión no es exclusiva de los periodistas, sino de todo ciudadano. Sirva esto a manera de reflexión. Si callan a un periodista afectan a toda la sociedad. Una sociedad sin información confiable es fácilmente reprimida o engañada.