El recién publicado Índice de Percepción de Corrupción (IPC) refleja una realidad que todos conocemos y sabemos en Honduras. Recordemos que si bien, este Índice se publica en este 2026, el año que evalúa es el 2025, es decir el último año de gobierno de la mandataria Castro. Honduras repite la peor nota histórica que ha tenido desde que existe el IPC: 22 puntos, al igual que en el 2024.
De nada sirve reprochar al gobierno anterior porque ya no están en el poder. Ellos tuvieron la posibilidad de generar cambios sustanciales, si bien, puedo decir con propiedad que desde la Secretaría de Estado en los Despachos de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (STLCC), se impulsaron políticas interesantes, se trabajó de la mano de organismos internacionales, se elaboró la soñada y jamás implementada Estrategia Nacional de Transparencia y Anticorrupción de Honduras (ENTAH), se promovió el sistema 130 de denuncias de actos irregulares, sin embargo, hubo falta de voluntad política del gobierno en general de generar y desarrollar una política integral que prevenga y combata la corrupción.
El trabajo de combatir este flagelo no es solo de sociedad civil, de las organizaciones internacionales, del gobierno. Es un trabajo coordinado de todos los actores remando hacía un mismo puerto para que existan resultados palpables, en lugar de atacar estos índices partamos de la humildad de ver en qué se falló y comenzar a trabajar en ello, de nada sirve tener un buen equipo de fútbol si siempre pierde los partidos, de nada sirve tener un gobierno que diga que hacen miles de cambios si las personas no lo perciben así, por ello, el resultado de las elecciones generales del año pasado, y este patrón de falta de confianza e imagen de corrupción también perjudicó al Partido Nacional en el 2021.
Mejorar en este tipo de índices ahora es un trabajo que le corresponde al partido en gobierno, donde en lugar de buscar responsables deben asumir el reto que existe, hacerse acompañar por equipos técnicos, conocedores de esta materia, de promover la supervisión permanente de la sociedad civil y ser permisivos con las sugerencias y recomendaciones que de estos emanen, ese es el éxito que ha logrado ir evidenciando el caso de República Dominicana, que ha tomado decisiones tomando en consideración los diferentes actores que confluyen en la vida política y pública de esa nación, se ha articulado una fuerza de tarea fuerte que está judicializando casos de corrupción de alto impacto, se ha fortalecido lo que allá se conoce como la Procuraduría General (que ejerce el monopolio de la acción penal), se han fortalecido los sistema de compras públicas y eso hace que exista un ambiente de mayor confianza ciudadana.
El reto es grande, pero tampoco imposible, el tema de prevenir la corrupción es una garantía para asegurar que los demás servicios públicos funcionen de manera eficiente.
