Honduras ha aprobado la evaluación de la Corporación del Desafío del Milenio (MCC) para el año fiscal 2027. Es una noticia alentadora, aunque conviene entender qué significa y, sobre todo, qué no significa.
La MCC es una agencia del Gobierno de Estados Unidos que financia, principalmente mediante donaciones de varios años, programas destinados a estimular el crecimiento económico y reducir la pobreza. A diferencia de la asistencia tradicional, selecciona a sus países socios mediante indicadores independientes de gobernanza, libertad económica e inversión en las personas. Sus evaluaciones influyen en qué países pueden ser considerados para recibir esos recursos. Pero aprobar no garantiza un convenio: la decisión final depende también de las oportunidades de inversión, del compromiso con las reformas y de la disponibilidad de fondos.
Honduras cumple 14 de los 22 indicadores y supera los requisitos indispensables de libertad personal y rendición de cuentas gubernamental. Sin embargo, reprueba en control de la corrupción, Estado de derecho, efectividad gubernamental y calidad regulatoria. La paradoja es evidente: el país satisface los criterios generales de la MCC, pero conserva debilidades precisamente en las instituciones que deben asegurar el buen uso de cualquier financiamiento.
También existe una contradicción económica. Honduras alcanza el percentil 96 en competitividad de mercado y el 76 en acceso a mercados internacionales. Pero obtiene apenas el percentil 32 en derechos de propiedad y tenencia de la tierra y el 38 en acceso al crédito. ¿De qué sirve facilitar el comercio si un productor no puede asegurar su título de propiedad, financiar una expansión o confiar en que sus contratos se cumplirán?
El capital humano plantea otro desafío. Solo el 60.9 % de las niñas completa el primer ciclo de secundaria, frente al 73 % de la mediana de países comparables. El desarrollo de la fuerza laboral se sitúa en el percentil 13. No bastará atraer inversiones si faltan trabajadores preparados para aprovecharlas y progresar hacia empleos mejor remunerados.
Hay una precisión importante: aunque la evaluación corresponde al año fiscal 2027, buena parte de sus datos proviene de 2025 o de años anteriores. Describe deficiencias acumuladas durante sucesivos gobiernos; no constituye una evaluación de los primeros meses de la administración de Nasry Asfura. Sí ofrece una línea de base para juzgar sus resultados futuros.
¿Qué debería hacer Honduras? Convertir cada indicador problemático en compromisos públicos y verificables: contrataciones transparentes y auditorías efectivas; justicia y cumplimiento de contratos; registro de tierras confiable; acceso responsable al financiamiento; permanencia escolar y capacitación vinculada con empleos reales. El Gobierno debe publicar avances, reconocer retrasos y someter los resultados a evaluación independiente. Y no debe descuidar la electricidad, la infraestructura ni las finanzas públicas porque no todos sus problemas figuren directamente en la tarjeta de la MCC.
Honduras ya recibió apoyo de la MCC en agricultura, carreteras y gestión pública. La experiencia enseña que completar proyectos no equivale necesariamente a transformar instituciones. Un nuevo convenio sería valioso, pero debería dejar capacidades que sobrevivan a la última transferencia de fondos.
Washington puede financiar inversiones y acompañar reformas; no puede reemplazar la responsabilidad hondureña de ejecutarlas. La pregunta decisiva no es cuánto dinero podría aportar la MCC, sino cuánto más productivo, justo y capaz será Honduras después.
Aprobar la evaluación abre una puerta. El verdadero éxito será que sus beneficios perduren cuando termine la ayuda.
