En Honduras, el Estado de derecho está fracturado, la corrupción es sistémica con profunda crisis ética e institucional, los escándalos públicos, frecuentes y graves, rara vez llegan a una resolución judicial. Son fugaces acontecimientos que sacuden al pueblo, pero, la indignación pública se disuelve pronto, la justicia no actúa, y la impunidad reina.
Estos escándalos revelan actos de corrupción, abuso de poder, comportamiento inmoral que causan cólera pública deteriorando la confianza en figuras públicas e instituciones. Estos escándalos de corrupción política y financiera, morales o sexuales, tienen consecuencias legales, políticas, sociales y de seguridad nacional.
Muchos de estos escándalos deberían generar resultados legales y políticos, pero, las repercusiones son mínimas. La justicia, atrapada por intereses políticos y dirigida de forma selectiva, responde con investigaciones superficiales y los procesos, rara vez, concluyen en juicios o condenas.
En Honduras, la justicia no investiga con imparcialidad ni sanciona con rigor, los casos más graves de corrupción y fraude se convierten en armas de chantaje político. Se observa que alcaldes y exalcaldes, diputados y exdiputados, exministros y figuras públicas señaladas, imputadas y otras acusadas de delitos de corrupción continúan en libertad, y hasta son candidatos a cargos de elección popular, protegidos por arreglos partidarios.
Por lo anterior, traigo a memoria apenas tres casos emblemáticos conocidos, dañinos para Honduras y su pueblo, y para la comunidad internacional, acontecidos en el presente gobierno de Libre, y son: 1. El Narcovideo donde se evidencia contundentemente la infiltración del crimen organizado en la política. 2. Las fraudulentas elecciones primarias e internas del domingo 9 de marzo de 2025. 3. SEDESOL utilización de grandes sumas de dinero público para la campaña de la candidata Rixi Moncada.
Sin olvidar, las funestas declaraciones del expresidente José Manuel (Mel) Zelaya Rosales afirmando ganar la presidencia de la República en el 2005, mediante fraude electoral, revelando así el cinismo con que se maneja el poder en Honduras.Realmente este desorden administrativo del gobierno de Xiomara Castro ha traído a Honduras consecuencias devastadoras, tenemos un país colapsado institucionalmente, empobrecido, sin credibilidad nacional e internacional, con servicios públicos en ruinas y un pueblo sin esperanzas. Siete de cada diez hondureños viven en pobreza y pobreza extrema. La salud, la educación y el empleo han sido abandonados por el Estado y la inversión extranjera se ha retirado ante la falta de garantías. Los sectores productivos no florecen.
Honduras necesita urgentemente un cambio de gobierno, conformado por hombres y mujeres capaces de recuperar la estabilidad política, económica y social, verdaderos estadistas que conduzcan hacia el desarrollo económico y al modernismo de la nación, que promuevan instituciones fuertes y no hombres o mujeres fuertes. Un nuevo gobierno fundamentado en la justicia. Una nación sin Dios y sin desarrollo económico no puede brindar seguridad y bienestar a su pueblo. Queda planteado.
