La reciente aprobación en el Congreso Nacional de una reforma orientada a exonerar de multas a candidatos y autoridades electas que incumplieron con la obligación legal de presentar informes financieros de campaña, y se dice que también a los que los presentaron incompletos, constituye uno de los peores episodios de los últimos años en materia de transparencia política en el mundo.
Afortunadamente, el presidente del Congreso Nacional, Tomas Zambrano Molina, reparó el error. Persistir en el mismo, significaría un golpe letal a la frágil credibilidad del estamento político hondureño. Habría sido devastador.
Inconcebible que quienes aspiran a gobernar nuestro país, legislar sus leyes o administrar los recursos municipales, pretendan pararse sobre la ley que exigen cumplir a los demás.
Los más obligados a respetar la ley intentaban evadirla de forma tan burda. Una conducta semejante habría garantizado futuras derrotas electorales a quienes se dicen abanderados en defender la democracia y el Estado de Derecho.
Pero lo más grave no era evitar que 13 diputados y 72 alcaldes enfrentaran multas por informes sin presentar o por haberlos presentado incompletos. Lo más alarmante es el irrespeto con que se intentó engañar a la ciudadanía.
La propuesta buscaba eliminar de manera permanente las sanciones establecidas en la ley, revelando una intención mucho más profunda que la simple protección de 85 funcionarios incumplidores.
Lo que trasciende es que era para beneficiar a alguien, cuya responsabilidad económica y penal sería muy superior a la de un diputado o alcalde. Mucho más allá del diputado proponente y de la comisión que emitió dictamen favorable, por mal entendida solidaridad con compañeros, lo gravísimo, es que hay alguien tan poderoso, diferente al presidente de la República, que casi pudo arrastrar a todo un Congreso Nacional al mismo lodazal en el que comienza a hundirse.
Decepción: señala a todos los demás como ladrones y está resultando mucho peor que sus señalados.
