Que extraña puede ser la justicia hondureña. Las sentencias, las decisiones judiciales se acatan no se discuten. Pero es que hay unas que aturden y aumentan la desconfianza en el sistema judicial. Es esa justicia extraña, inexplicable, desigual que no se explica ni desde el sentido común ni desde el derecho. A imputados por delitos, perfeccionados ante la opinión pública, de manejo repudiable de recursos desde SEDESOL, se les ha otorgado medida cautelar de arresto domiciliario. Es constitucional, necesario y correcto que quienes no se incluyan en las causales para negar la defensa en libertad, puedan evitar la prisión en penitenciaria estatal. La presunción de inocencia —garantía por cuya validez abogamos— implica medidas cautelares proporcionales al riesgo procesal existente. Se deduce que los imputados en el primer caso de SEDESOL, probaron arraigo y presentaron caución aceptada por el juez y que se tomaron las precauciones para no salir del país. Se consideró también, quizás, que quedaban inhabilitados de obstruir la investigación. Pero la posibilidad de obstrucción de la justicia o el peligro real de fuga no se evitan con una resolución. Se trata de delitos en el manejo de recursos públicos, de redes de poder. Pero lo que hace mas extraña nuestra justicia es el contraste con otros procesos: el arbitrario seguido a los generales Carlos Roberto Puerto y Venancio Cervantes. Debieran estar siendo oídos en libertad. Nunca se tuvo que decretar media de privación de libertad, no han presentado riesgos objetivos para la impartición de justicia y el arraigo es de sobra probado. La diferencia de criterios entre el caso SEDESOL 1/70 y el de los generales y el de los Adultos Mayores, “Los tres (3) Chicos Malos”, malos de la vista, malos de las rodillas, comprueba una vez más la aplicación selectiva del derecho penal. Y si se suma la recompensa absurda por la captura improcedente del general Romeo Vásquez, estamos frente a una justicia, una político partidista. Extraña.
