Establecido que es necesario que el Estado tenga una función emprendedora para beneficiar a la economía en general, incluyendo a la propia inversión privada, es necesario también que esa visión estratégica sea llevada a la práctica con rigurosidad y beneficios verificables. De tal manera que no se trata de un estatismo a ultranza, tolerando y hasta cometiendo ineficiencias sin importar los costos. Tampoco se trata de asumir que los negocios privados son buenos en absolutamente todos los casos. Se trata de la búsqueda y encuentro de una empatía económica. Los países con mayor nivel de desarrollo son una muestra evidente de lo anterior.
El Estado debe producir bienes públicos. No es cierto que no produzca nada. Además de la administración de justicia, la defensa del territorio, la seguridad ciudadana y cuestiones vitales como la educación y la salud, debe producir los bienes públicos relacionados con la gestión de riesgos y la creación de ventajas comparativas. Debido a estas y otras muchas razones, la administración pública forma parte de la generación del PIB. Por supuesto, en la producción de los mencionados y otros tantos bienes públicos, tiene que haber eficacia y eficiencia. Muy mal hacen los que pretenden ser defensores de lo público sin hacer buena gestión cuando ejercen el poder político.
Los dos fascículos anteriores del ensayo dejaron muchas ideas sin decir. Por ejemplo, los casos en que grandes corporaciones multinacionales explotaron negocios derivados de innovaciones financiadas por sus respectivos Estados. También es pertinente revisar nuestras experiencias locales, en las que queda demostrado que, gracias a las iniciativas e intervenciones lúcidas del Estado, se han promovido negocios -algunos truncados- que han favorecido al sector privado. Por ejemplo, la construcción de la represa Francisco Morazán (El Cajón) ha generado durante décadas un ambiente favorable para la actividad económica. Lastimosamente, se dejaron de hacer las inversiones para seguir explotando la energía hidroeléctrica, habiendo tantos sitios disponibles en el territorio nacional.
Caso icónico, el de Apple, una de las empresas tecnológicas con poca inversión en investigación y desarrollo (I+D), pero que ha desarrollado niveles de excelencia en la integración de sistemas tecnológicos no propios. Son conocidos los avances tecnológicos que hicieron posible la creación del iPhone y todas sus actualizaciones de modelo: microprocesadores-semiconductores; memorias dinámicas de acceso aleatorio; dispositivos de almacenamiento de datos; pantallas de cristal líquido; baterías de polímero de litio; procesamiento digital de señales; internet (DARPA); HTML (CERN); redes y tecnologías móviles; pantallas táctiles e inteligencia artificial. Se sabe que todas estas innovaciones plasmadas en el iPhone (y seguramente en otras marcas) son resultado de muchos años de cuantiosas inversiones públicas. El punto es: ¿Por qué desconocer que no todo ha sido de la iniciativa privada?
Hay que decirlo y también reiterarlo: la historia local nos muestra grandes negocios privados que provienen de inversiones públicas. Ejemplos: la industria de los lácteos, los servicios telefónicos, la generación de energía eléctrica, alimentos procesados como los derivados del tomate, algunos establecimientos hoteleros y la industria del cemento. ¡Y qué bueno que los recursos públicos sirvieron para esas actividades económicas! Pero queda la interrogante: ¿Cómo hacer que estos negocios estratégicos puedan garantizar distribución de riqueza para el país, aprovechando esquemas público-privados con beneficios colectivos?¿Qué hubiese ocurrido si no se hubiesen truncado proyectos estratégicos como el de Pulpa y Papel, el desarrollo de la cuenca del río Choluteca y otros tantos?
