Cada temporada de lluvias en Honduras deja al descubierto las mismas fracturas: un Estado incapaz de prevenir daños previsibles y una historia de corrupción que obliga a preguntarse quién termina beneficiándose de las tragedias nacionales. Puentes que colapsan, carreteras destruidas y comunidades enteras incomunicadas, tanto en el área urbana como en la rural, no pueden catalogarse bajo la cómoda etiqueta de desastres naturales. Lo que vivimos es la crónica anunciada de la negligencia gubernamental combinada con la impunidad institucionalizada.
Mientras las autoridades se empapan en promesas de reconstrucciones y planes de contingencia al calor de la crisis, en los municipios se acumulan las consecuencias de esa improvisación. Zonas productivas quedan incomunicadas, las cosechas se pierden antes de llegar a los mercados y miles de familias campesinas ven comprometidos sus ingresos por la falta de respuestas claras. En las ciudades, las primeras precipitaciones vuelven a exhibir sistemas de drenajes obsoletos, planificación urbana deficiente y obras de mitigación que no responden a las necesidades de la población.Sin embargo, el verdadero drama no radica únicamente en la falta de prevención, sino en lo que ocurre inmediatamente después de que bajan las aguas. Es aquí donde se abre otro frente de riesgo para el interés público: las compras de emergencia.
No existe duda de que, bajo determinadas condiciones, los gobiernos pueden recurrir a mecanismos excepcionales de contratación para responder a una emergencia real. El problema aparece cuando esa excepcionalidad deja de ser una respuesta estrictamente necesaria y se convierte en una vía para eludir la competencia, reducir la fiscalización o favorecer intereses particulares. Honduras conoce los peligros de esta práctica que expone la contratación pública a través de la omisión de procesos de licitación, orillando las compras a precios injustificados, empresas sin capacidad para cumplir y adjudicaciones condicionadas por intereses privados. En última instancia, lo que debería servir para restablecer servicios esenciales y reparar infraestructura dañada puede terminar transformándose casi invariablemente en un cheque en blanco para la corrupción.Al final, el riesgo es que las familias afectadas carguen con una doble pérdida: primero, la de sus viviendas, cosechas, caminos o medios de subsistencia; después, la de los recursos públicos que debían contribuir a recuperar lo perdido. En resumidas cuentas, la urgencia se convierte en el escudo perfecto para blindar a los corruptos de la fiscalización ciudadana frente al destino de recursos millonarios a la burocracia y a contratos leoninos, mientras la seguridad humana sigue siendo un lujo inalcanzable.Se distribuyen colchones y raciones de comida frente a las cámaras de televisión para maquillar una gestión gubernamental tardía y clientelar, mientras el verdadero problema estructural se ignora deliberadamente porque la prevención no deja réditos ilícitos. Ante este panorama, la rendición de cuentas no puede quedar relegada hasta que desaparezca la emergencia ni depender de que surjan denuncias. La capacidad de respuesta estatal no debería medirse por la cantidad de anuncios ni por la rapidez con que sus funcionarios comparecen ante las cámaras, sino por su tenacidad para proteger a la población, justificar con transparencia cada decisión y demostrar que los fondos asignados produjeron resultados.
Exigir controles rigurosos, información pública y auditorías oportunas sobre las contrataciones de emergencia no es una opción, sino una cuestión de supervivencia nacional. Mientras la reconstrucción siga expuesta a los intereses de quienes encuentran rentabilidad donde la población necesita respuestas, cada invierno dejará al descubierto una deuda que va más allá de la infraestructura y evidenciará la ausencia de un Estado que insiste en administrar las consecuencias de sus fallas sin corregir las decisiones que las reproducen.
