En Honduras, los reiterados fraudes electorales son causales de que la ciudadanía pierda la confianza en los poderes Ejecutivo, Judicial, Legislativo, en los partidos políticos, en la institución electoral, en las Fuerzas Armadas, la Policía y en la empresa privada.
La corrupción ha devaluado el sistema político y las instituciones de orden democrático socavando los fundamentos de la democracia.
Llama poderosamente la atención que en Honduras existen normas jurídicas para habilitar o inhabilitar a candidatos a cargos de elección popular, pero, las mismas son desestimadas. ¿Cómo entonces proteger al elector del error, si las mismas autoridades dan paso a la corrupción para convertir estas leyes en papel mojado? El futuro de Honduras pasa por las manos de los electores, ellos tienen consigo la libertad y la responsabilidad de elegir candidatos legalmente habilitados a los distintos cargos de elección popular, y en la confianza que las personas que surjan electas armonicen sus perfiles para guiar y establecer en nuestra nación caminos donde florezcan la honestidad, el desarrollo, el progreso y el bienestar.
Existen conspiraciones políticas e ideológicas del Partido Libre, junto con los gobiernos de las naciones socialistas/comunistas del Foro de Sao Paulo, para ganar las próximas elecciones generales del 30 de noviembre.
Felizmente, el pueblo hondureño y la comunidad internacional son testigos del complot del fraude electoral montado en las elecciones primarias e internas del 9 de marzo de 2025.
Estas pruebas del fraude indeclinablemente han motivado a los electores hondureños a participar masivamente en las elecciones generales, conscientes de que en sus manos está la brillante oportunidad de votar contra la corrupción crónica ejecutada por candidatos y políticos corruptos de todos los partidos y destruir la pretensión perversa del Partido Libre de perpetuarse en el poder y convertir nuestra nación en una dictadura socialista/comunista.
Para las elecciones generales es determinante que los electores, los candidatos honestos, las autoridades del Consejo Nacional Electoral, los partidos políticos, el sistema político, juntamente con la ONU, OEA, Unión Europea y la prensa, establezcan una atmósfera de seguridad y confianza, de paz y libertad, de respeto y tolerancia, de transparencia, lo mismo que fiscalizar el comportamiento de las Fuerzas Armadas y de la Policía en todas las etapas del proceso, a fin de anular toda acción de fraude.
En las elecciones primarias e internas quedó bien claro que el régimen del Partido Libre ha hecho de la corrupción electoral una acción de sobrevivencia, por lo tanto, se debe proteger el proceso de las elecciones generales de cualquier maquinación fraudulenta, principalmente en el plano de la inteligencia digitalizada. Queda planteado
