Si Honduras no celebra elecciones generales el próximo 30 de noviembre, estaríamos ante uno de los escenarios más catastróficos, advirtió un liderazgo nacional durante la visita de una misión electoral internacional. No es la primera vez que se menciona este riesgo, pero existe otro que podría ser igual o peor: no tener declaratoria oficial de resultados.
Solemos pensar que quienes gobiernan toman decisiones racionales, pero la realidad política está marcada por sesgos: el de superioridad, que lleva a creer que somos mejores que los demás, y el grupal, que refuerza nuestras ideas al rodearnos de quienes piensan igual. Ejemplos claros: la “Cuarta Urna” de Manuel Zelaya Rosales en 2009 y la reelección de Juan Orlando Hernández en 2017, proyectos concebidos por hiperpresidencialismos y reforzados por su burbuja, sin medir las consecuencias.
Si aplicamos esta lógica a manipular o descarrilar un proceso electoral, surgen tres preguntas clave. La primera es el porqué: quizá las encuestas no favorecen y la única forma de sobrevivir políticamente es cambiar las reglas. La segunda es el cómo: los tres consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) no logran un acuerdo unánime y llegan al 27 de enero de 2026 sin un presidente declarado, lo que, según el artículo 242 de la Constitución, obligaría al Consejo de Ministros, presidido por el ministro de Gobernación, a convocar nuevas elecciones en 15 días, que deberían celebrarse entre cuatro y seis meses después.
Este escenario sería territorio inexplorado: no hay antecedentes, ni regulación clara, y el incumplimiento de plazos no acarrea sanciones inmediatas, sobre todo en medio de una crisis política y social que pueda usarse como excusa para alargar tiempos. En el contexto actual de desconfianza, no sería necesario impedir el proceso electoral; bastaría con sembrar dudas sobre los resultados en los tres niveles de elección.
La tercera pregunta es cuáles serían las consecuencias. Aquí la incertidumbre crece: como en 2009, atribuir responsabilidades en un ambiente de instituciones débiles y polarización social sería casi imposible. Y aunque la comunidad internacional, como ocurrió en Venezuela, podría reconocer a un candidato opositor dada la evidencia de las actas, el efecto sería limitado si el partido de gobierno también obtiene reconocimiento de países amigos.
Por último, ¿qué se puede hacer para prevenir esto? En el corto plazo, la mejor defensa es la alerta pública. Impedir que se declaren resultados claros es dinamitar la estabilidad política del país. En el mediano plazo, la transparencia proactiva y técnica es la clave. El CNE debe tener suficiente capacidad tecnológica para publicar en tiempo real todas las actas digitalizadas para que todos las veamos y establecer procedimientos claros para la corrección de actas son pasos para reducir la discrecionalidad del pleno y evitar bloqueos deliberados
