Por: Zoila Rosa Volio: abogada, ex directora ejecutiva del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Costa Rica.
El regreso de Honduras al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversionista -Estado (CIADI) no es únicamente una decisión política del presidente Asfura, sino también una decisión estratégica que incide directamente en la confianza de los inversionistas, la seguridad jurídica y el posicionamiento internacional del país.
El CIADI ofrece un mecanismo internacional de resolución alterna de conflictos, mediante el arbitraje y la conciliación, que permite resolver disputas entre inversionistas y gobiernos en un foro neutral. Su importancia no radica únicamente en su función jurídica, sino en lo que representa, saber a qué atenerse. Es importante destacar que los laudos son ejecutables internacionalmente.
En los arbitrajes comerciales internacionales Inversionista- Estado, el Estado podría ser demandado y eventualmente condenado a pagar indemnizaciones significativas, cuando se incumplen los acuerdos contractuales establecidos. Es esencial contar con un equipo técnico sólido que elabore contratos bien estructurados e implementar políticas públicas diseñadas con estándares internacionales que cumplan con los acuerdos establecidos. El problema no es el arbitraje en sí.
Tras su denuncia del Convenio CIADI en 2024, la discusión política en Honduras ha girado en torno entre quienes ven en el sistema como un instrumento que atenta contra la soberanía y, por otro lado, quienes lo consideran una garantía indispensable para atraer capital extranjero. Sin embargo, más allá de las ideologías, el análisis debe centrarse en los intereses de largo plazo del País.
Desde una perspectiva económica, Honduras necesita inversión extranjera para infraestructura, energía, empleo y tecnología, que promuevan el desarrollo y la competitividad. Atraer capital productivo en un contexto regional donde cada país ofrece incentivos fiscales, estabilidad macroeconómica y acceso a mercados no es tarea fácil, y en este contexto estar fuera del CIADI puede convertirse en un argumento en contra durante los procesos de debida diligencia. En decisiones de millones de dólares, todo suma.
En los mercados emergentes la percepción de riesgo jurídico incide directamente en la inversión extranjera y el estar fuera del CIADI es una bandera roja en ese riesgo. La pertenencia al CIADI envía una señal clara, Honduras está dispuesto a someterse a las reglas internacionales de resolución alterna de conflictos, específicamente arbitrajes internacionales Inversionista- Estado lo que garantiza la seguridad jurídica esencial. La confianza se construye sobre reglas claras.
Regresar al CIADI no es una renuncia a la capacidad regulatoria del Estado lo que se tutela es que esas decisiones no sean arbitrarias, discriminatorias o contrarias a los compromisos contractuales asumidos.
El CIADI no resolverá por sí solo los problemas estructurales de Honduras. No sustituye las reformas judiciales necesarias, la transparencia, la gobernanza ni la seguridad humana.
El retorno de Honduras al CIADI representa principalmente una señal de seguridad jurídica y estabilidad para la inversión extranjera, lo que conlleva es un efecto positivo en la competitividad y el financiamiento internacional. Y en política internacional, las señales importan.
