La aprobación del financiamiento por US$400 millones del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) para un programa nacional de vivienda representa una de las iniciativas económicas y sociales más relevantes del nuevo gobierno. Si estos recursos se ejecutan con criterios técnicos, transparencia y eficiencia, pueden convertirse en el inicio de una política de Estado para reducir el déficit habitacional y, al mismo tiempo, dinamizar la economía nacional.
Se espera que BANHPROVI reciba una primera etapa, cercana a US$125 millones, comience entre septiembre y octubre, orientada principalmente a familias con ingresos de uno o dos salarios mínimos. La combinación de créditos, bonos para la prima y subsidios permitirá que miles de hogares accedan por primera vez a una vivienda propia.
No obstante, el éxito del programa dependerá más de su implementación que del monto de los recursos. Los requisitos deben limitarse a los estrictamente necesarios para garantizar la transparencia y la recuperación de los créditos. La burocracia excesiva solo termina excluyendo a quienes precisamente se busca beneficiar. El proceso debe ser ágil, sencillo y con tiempos de respuesta razonables.
Asimismo, la asignación de los beneficios debe responder a criterios técnicos y sociales, nunca a intereses políticos. El déficit habitacional, que supera 1.5 millones de soluciones habitacionales, afecta tanto a las ciudades como a las zonas rurales, por lo que la cobertura debe llegar a todo el país con equidad y transparencia.La participación de la banca privada será determinante. Bajo un esquema de banca de segundo piso, las instituciones financieras serán las encargadas de colocar los créditos, evaluar el riesgo y acompañar a los beneficiarios. Su experiencia permitirá ampliar la cobertura y agilizar la ejecución, siempre que existan reglas claras y tasas de interés accesibles que garanticen la sostenibilidad del programa.
También será indispensable que exista suficiente oferta de vivienda. El programa debe incentivar a los desarrolladores a construir proyectos con infraestructura básica, acceso a servicios públicos y precios competitivos, evitando incrementos especulativos en el valor de los terrenos o de las viviendas.
Desde la perspectiva económica, el impacto puede ser considerable. La construcción es una de las actividades con mayor efecto multiplicador sobre el empleo y la producción. Cada vivienda genera trabajo para albañiles, ingenieros, arquitectos, electricistas, transportistas y numerosos proveedores de materiales como cemento, acero, bloques, vidrio y pintura. Esto fortalece a las pequeñas y medianas empresas, dinamiza el comercio y aumenta la actividad económica en todo el país.
La iniciativa del presidente Asfura merece ser respaldada porque combina un objetivo social con una estrategia de crecimiento económico. Sin embargo, el verdadero desafío comienza ahora. Si el programa privilegia la técnica sobre la política, simplifica el acceso, incorpora a la banca privada como aliado estratégico y mantiene condiciones financieras sostenibles, Honduras no solo avanzará en reducir su déficit habitacional, sino que también impulsará el empleo, la inversión y el desarrollo económico de miles de familias.
