Honduras no enfrenta únicamente una crisis financiera; enfrenta las consecuencias acumuladas de una práctica política que ha distorsionado la naturaleza del empleo público: esa que, tradicionalmente, utiliza al Estado como extensión de la maquinaria partidaria, cual si fuera premio por “pegar afiches”.
En las últimas semanas se han conocido algunas cifras sobre el aumento de embargos judiciales derivados de demandas laborales contra el Estado. Más allá del número exacto, que sin duda debe analizarse con rigurosidad y transparencia, el fenómeno revela un patrón que no es nuevo: cada transición gubernamental viene acompañada de olas de despidos que posteriormente terminan judicializándose. Esto finaliza convirtiéndose en la factura de un sistema que usa nóminas fantasma para comprar lealtades, que desnaturaliza la administración pública y que prioriza cuotas partidarias sobre el mérito, la eficiencia y la decencia.
Este hábito dañino no es exclusivo de una administración: es la consecuencia de décadas en las que el empleo público fue utilizado como mecanismo de recompensa política. El histórico bipartidismo -representado por los partidos Nacional y Liberal- instauró una cultura de cuotas y reparticiones que despreció la profesionalización del servicio civil. Más recientemente, el partido Libre en su ejercicio de gobierno, también ha enfrentado cuestionamientos similares sobre contrataciones masivas sin procesos competitivos claros.
Luego, la justicia laboral -lenta, morosa y sospechosa- acumula deudas astronómicas que terminan en embargos a la Caja Única del Tesoro, como ha ocurrido en Olancho y Choluteca, asfixiando sectores críticos como salud, educación, seguridad e infancia.
En consecuencia, cuando el ingreso al servicio público no responde al mérito ni a concursos transparentes, sino a lealtades partidarias, el despido posterior suele producirse bajo la misma lógica. Y cuando esos despidos no respetan el debido proceso ni las garantías laborales, la consecuencia natural es la judicialización.
Los trabajadores que demandan al Estado no son adversarios del interés público: ejercen derechos reconocidos en la Constitución y en la legislación laboral. La verdadera vergüenza recae en quienes utilizan la nómina estatal como instrumento político y luego trasladan el costo financiero de esa práctica a la ciudadanía.
Por ello, cualquier discusión en el Congreso Nacional -incluida la relacionada con la llamada Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano actualmente en debate- debería ir más allá de mecanismos administrativos para reprogramar pagos o redirigir embargos. Esas medidas pueden aliviar los síntomas, pero no corrigen la causa estructural.
La raíz del problema exige reformas más profundas, tales como: el fortalecimiento real del régimen de servicio civil, los concursos públicos verificables, la modernización de la jurisdicción laboral para evitar mora excesiva y la transparencia pública sobre el volumen real de litigios y su impacto fiscal.
Honduras no está ante una bomba súbita, sino ante un desgaste progresivo. La pregunta no es si habrá demandas laborales; siempre las habrá. La pregunta es si seguiremos permitiendo que el Estado funcione como una agencia de empleo electoral o si, finalmente, asumiremos que la estabilidad institucional comienza por profesionalizar la administración pública.
