Estados Unidos ha decidido poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para decenas de miles de hondureños. Aunque la medida es, en esencia, un procedimiento administrativo, para Honduras representa la brutal contundencia de una sentencia de exilio inverso. No se trata simplemente de un cambio en la política migratoria, sino de una declaración implícita: “El país de donde vienen esos migrantes ya está en mejores condiciones”. Sin embargo, la realidad es justo lo contrario: Honduras es hoy un Estado fallido, atrapado entre la gangrena de la corrupción política, la inseguridad estructural y la pobreza institucionalizada.
El TPS fue otorgado a los hondureños en 1999 tras el devastador paso del huracán Mitch. Lo que debió ser un alivio temporal se transformó en un salvavidas permanente porque el país nunca logró recuperarse lo suficiente para recibirlos. Hoy, más de dos décadas después, Honduras sigue destruida; no por una catástrofe natural, sino por un tornado político que no da tregua. Por lo tanto, ¿cómo puede Honduras recibir de regreso a decenas de miles de hermanos que están afuera, cuando no puede ofrecer ni seguridad, ni empleo, ni salud, ni educación, ni justicia para los que estamos dentro?
El supuesto gobierno socialista de Honduras -torpe, cooptado y negligente- no está preparado ni siquiera para enfrentar su propia realidad. Mucho menos lo está para asumir el colapso que implica el regreso forzoso de una comunidad migrante que ha sido el sostén económico del país por más de veinte años. Los hondureños con TPS no son “ilegales”; son trabajadores, padres y madres de familia, contribuyentes y pilares de comunidades enteras en EE.UU. Su retorno no es una fiesta nacional, es una tragedia económica y social.
Y no, el problema no reside en lo que Estados Unidos hace. El verdadero problema es, más bien, lo que Honduras no ha hecho. Durante años, los gobiernos hondureños se han recostado cómodamente sobre las remesas, mientras saqueaban los fondos públicos, vaciaban las instituciones y criminalizaban cualquier intento de cambio real. Hoy, el país carece de la capacidad y la moral para recibir a su diáspora, porque lo que les espera es el desempleo crónico, la extorsión cotidiana, la represión política y la violencia impune. En esencia, lo que les espera es el mismo país que los expulsó.
Eliminar el TPS sin una estrategia humanitaria de retorno es inconsciente, pero es criminal tener un país que expulsa a su gente por hambre, miedo y desesperanza. Los migrantes hondureños no son el problema; son el síntoma. El verdadero cáncer está adentro: en las élites que han vivido de saquear el Estado, en los partidos que han reducido la democracia a un banquete de poder, y en la impunidad que cubre a funcionarios y mafias por igual.
En este contexto, la corrupción no es una desviación, sino un sistema de gobierno, y la migración se convierte en un acto de supervivencia. No responde únicamente a la pobreza económica, sino a una pobreza más profunda: la pobreza institucional. La falta de acceso a la justicia, a un empleo digno, a la seguridad ciudadana y a las oportunidades educativas obliga a miles a elegir entre el exilio o la muerte social.
Hoy, los funcionarios del gobierno se rasgan las vestiduras, pero por las remesas, que representan más del 25% del PIB hondureño. Estas han sido un paliativo económico que enmascara la disfuncionalidad del Estado. Aunque alivian la pobreza inmediata de muchas familias, también permiten a los gobiernos corruptos sostener una economía de fachada mientras continúan saqueando los recursos públicos.
Así que el lamento es para la corrupción en Honduras, que necesita la migración al permitir que la población más empobrecida se vaya. Mientras tanto, los recursos estatales -incluidos los fondos de cooperación internacional- son desviados por redes clientelares que perpetúan la miseria como negocio político.
