En Honduras, la muerte materna se ha convertido en una tragedia silenciosa que avanza sin provocar la indignación nacional que merece. Una mujer fallece cada treinta y una hora por causas relacionadas con el embarazo, el parto o el puerperio. Son muertes evitables, pero normalizadas. Muertes que revelan un país donde la vida de las mujeres -especialmente las más pobres, las rurales, las indígenas- sigue siendo tratada como un asunto secundario.
Los rostros de las mujeres rurales lo dicen todo. Jóvenes con miradas envejecidas por la pobreza, el trabajo físico y la maternidad temprana. Mujeres que caminan horas para llegar a un centro de salud que muchas veces no tiene medicamentos, no tiene personal o no tiene cómo trasladarlas en una emergencia.
Esta realidad es el resultado de decisiones políticas, de prioridades nacionales que han relegado a las mujeres rurales e indígenas a la última fila del desarrollo. La mortalidad materna y la desigualdad en la esperanza de vida no son fenómenos naturales, son síntomas de un sistema que falla en su deber más básico: la vida humana.
En general, la vida de las mujeres en Honduras es dramática. El desempleo afecta desproporcionadamente a las mujeres, duplicando la tasa que sufren los hombres. Informes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) indican que el desempleo femenino ronda el 12.9%, mientras que el de los hombres se sitúa en un 6.2%. Además de la falta de empleo, los informes sobre salarios indican que los ingresos percibidos por las mujeres suelen ser inferiores a los de los hombres en las mismas ocupaciones.
En el feminicidio, forma más extrema de violencia de género, donde el crimen ocurre en un contexto de desigualdad de poder y discriminación, Honduras en este momento ocupa el primer lugar en América Latina, por el número de muertes, que al presente mes ya van 120 mujeres asesinadas.
Lo ocurrido en el Congreso Nacional de la República, recientemente, es revelador de las pobres acciones del Estado en políticas públicas de protección de la mujer. Una diputada, con alegría incontenible daba entender que los hombres involucrados en violencia doméstica, con las nuevas condenas aprobadas en el Congreso ya no se saldrían con las suyas. Las nuevas penas consisten en suspensión de licencias de conducir, monitoreo electrónico (grilletes o tobilleras), registro de agresores, restricciones laborales, no podrán trabajar en cargos públicos. Esto es una especie de muerte ciudadana. Mientras tanto, los asesinatos de mujeres, apenas un 5% son investigados, judicializados y logran una condena. Asesinos andan sueltos y corruptos de alto impacto son sobreseídos.
Hablar de las condiciones extremas que enfrenta la mujer en Honduras no es ignorar la violencia que golpea a otros sectores; es evidenciar que, en este país, quienes están en la base de la pirámide social siguen siendo las más maltratadas. Mientras el Gobierno insiste en un discurso de protección y equidad, la realidad demuestra lo contrario: políticas débiles, acciones simbólicas y una indiferencia institucional que perpetúa la impunidad y el abandono.
