Las opiniones abundan. En Estados Unidos y Venezuela, expertos en aspectos legales, economistas y técnicos en el tema petrolero, se han pronunciado luego de que el propio presidente Donald Trump anunciara con bombos y platillos su controversial acuerdo petrolero, alcanzado con la impuesta presidenta Delcy Rodríguez.
Por estos días escuché muchas entrevistas de esos expertos. Casi todos coinciden en que no habrá un beneficio –y menos inmediato– para el pueblo venezolano, mientras que se destaca que el “acuerdo”, negociado en secreto, tiene aristas muy complicadas, pues parte de una aprobación que podría tener ilegalidades e inconstitucionalidades, pues nunca se involucró al poder legislativo, que es el órgano que debiera aprobar una concesión de esa naturaleza y magnitud.
Como ciudadano guatemalteco, crecí bajo el estigma del siglo pasado, según el cual países como Guatemala, Honduras o Nicaragua, eran considerados “naciones bananeras”, pues durante décadas permanecieron bajo un dominio que imponía Washington a dictadores militares de la época, para acatar directrices de la poderosa United Fruit Co. (UFCO), que era propietaria –por concesiones– de grandes latifundios y el ferrocarril, además de controlar los puertos.
Los historiadores llegan a la conclusión de que esta compañía llegó a actuar como “un Estado dentro del Estado”, prometiendo siempre progreso, pero sin que este llegara nunca para los ciudadanos y trabajadores, sino que la riqueza y beneficios terminaban siempre en manos estadounidenses.
En efecto, la UFCO logró grandes concesiones, pero comparadas con las que Delcy Rodríguez acaba de entregar a Donald Trump, terminan siendo nimiedades. La gran pregunta es si un gobierno democrático en Venezuela hubiera cedido 100 años de producción petrolera en una franja estratégica (el Orinoco), a un gobierno extranjero, que tendrá la potestad de decidir qué empresas participan en la explotación.
Ciertamente, hay ya una ya “ungida” por la administración Trump, la Nort American Blue Energy Partners (NABEP), que hará sociedad con el Departamento de Guerra –el Pentágono, pues–, el cual tendrá una participación accionaria del 35%. Es decir que, en el futuro, cualquier problema de esta empresa, que es propiedad del venezolano Alejandro Betacourt –quien ha tenido problemas legales en algunos países, aunque nunca ha sido condenado–, deberá vérselas con el poderoso secretario de Guerra estadounidense. Complejo escenario en la práctica.
Mientras que a Venezuela se le sigue negando el retorno a la democracia –Trump y Delcy Rodríguez aseguran que el país “no está listo”–, se hace la concesión petrolera más grande de cualquier país en la historia.
Claro, Trump anuncia que, con las reservas venezolanas de petróleo, las gasolinas en EEUU bajarán de precio, aunque esta promesa no será más que eso, promesa, antes de las elecciones legislativas de medio período de noviembre próximo. Es decir, que Trump quiere lograr simpatía entre los electores con la irrupción y control que ha tomado del petróleo venezolano. Se trata de una narrativa engañosa con múltiples fines detrás.
En la práctica no es tan sencillo. Los expertos dicen que se necesitan años para levantar la producción petrolera venezolana. En todo caso, de inmediato, Trump y Rodríguez tratan de vender a sus respectivos pueblos que habrá una mejora económica sustancial. En Estados Unidos, rebaja de precios en las gasolinas y mejora de sus reservas estratégicas de crudo, mientras que en Venezuela, recursos para estabilidad económica y mejoras sociales.
Para los venezolanos, son las mismas promesas que hacían a sus pueblos los dictadores militares de turno cuando concedían más poder a la UFCO. Cuando finalmente se fue, se hizo evidente que los beneficios fueron solamente para la compañía. En Guatemala, Honduras y Nicaragua quedó pobreza y subdesarrollo.
Hay mucha similitud entre los “acuerdos” de la UFCO y lo que sucede con el petróleo venezolano: a) se hacen a las espaldas del pueblo; b) son concesiones del patrimonio nacional sin recibir de inmediato nada a cambio; c) la promesa de “beneficios para el país” nunca se concreta; y d) la riqueza se va del país. En conclusión, no hay “buen negocio” en el sentido completo de la expresión.
Para terminar, dos declaraciones. Una de Donald Trump y la otra de María Corina Machado. Hay que comprender que la líder opositora no quiere pelear con Trump, pero aun así, critica a la negociación.
Trump: Tomaremos el control directo de sus recursos energéticos para reponer nuestras reservas y garantizar que los precios en nuestros grifos bajen drásticamente (...) Es el negocio más grande del siglo para el pueblo estadounidense.
Machado: Cualquier acuerdo sobre nuestro petróleo debe ser transparente, pasar por las instituciones legítimas y garantizar que los beneficios no se utilicen como una simple transacción comercial a espaldas del pa
