El reciente operativo policial ejecutado en los departamentos de Cortés y Yoro, que dejó como resultado la captura de más de una veintena de presuntos integrantes de estructuras criminales y pandillas, no solo representa un paso estratégico para la recuperación del orden público y la paz social, sino que también responde al clamor urgente de una ciudadanía actualmente asfixiada por la extorsión, el homicidio y la zozobra cotidiana.
Durante demasiado tiempo, las regiones de Cortés y Yoro han sufrido los efectos de la violencia y el control territorial ejercido por estructuras criminales. Pequeños empresarios, transportistas y familias trabajadoras han tenido que convivir con un impuesto criminal invisible, y, en este contexto, la intervención contundente de la policía no solo es legítima, sino éticamente exigible.
Sin embargo, esta realidad demanda una respuesta estatal efectiva, sostenida y articulada, que no se limite a operativos policiales aislados ni confunda la cantidad de capturas con una reducción real de la criminalidad. Las redadas y detenciones masivas deben coexistir en un entorno de legalidad, porque solo de esa forma enviarán una señal inequívoca de que la impunidad no puede ser la norma.
Para que la sociedad recupere la confianza en sus instituciones, es vital que las fuerzas del orden actúen con decisión táctica y capacidad operativa, desarticulando los centros neurálgicos de operación de estas organizaciones delictivas. Apoyar una política de seguridad firme y decidida no significa renunciar a los principios republicanos; por el contrario, la verdadera fortaleza de un Estado democrático se demuestra cuando combate frontalmente a la criminalidad sin abdicar jamás de sus obligaciones constitucionales.
La lucha contra el crimen organizado y el respeto irrestricto a los derechos humanos no son conceptos excluyentes, sino dos caras de la misma moneda: solo hay seguridad genuina cuando la ley se aplica con rigor a los transgresores, pero también con absoluta transparencia por parte de la autoridad. En este sentido, cualquier operación policial y su posterior persecución penal deben estar sujetas a un riguroso apego al debido proceso. La persecución penal en Honduras no puede caer en la trampa de la improvisación ni en la tentación del autoritarismo operativo.
Cada una de las personas detenidas debe enfrentar una investigación científica e imparcial, con resguardo de las garantías procesales, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia hasta que los tribunales de justicia emitan un fallo firme. Solo a través de expedientes sólidos, fiscales preparados y jueces independientes se podrá evitar que los casos se caigan en los tribunales y se consolide la impunidad que tanto daño ha hecho al país.
Garantizar los derechos humanos de las personas procesadas no debilita a la policía ni favorece a la delincuencia; por el contrario, fortalece la legitimidad de las instituciones y protege las investigaciones frente a posibles irregularidades, convirtiéndose en la frontera entre justicia y arbitrariedad.
Un Estado que respeta el debido proceso demuestra que su autoridad no depende del abuso y que su fortaleza jurídica lo distingue precisamente de las estructuras criminales que combate. Solo mediante un equilibrio perfecto entre la firmeza operativa, el respeto absoluto al debido proceso y la defensa de los derechos humanos podrá Honduras trascender el ciclo de la violencia y consolidar un orden democrático.
El “golpe” en Cortés y Yoro debe evaluarse, por tanto, no por la espectacularidad de su despliegue ni por el número de capturas anunciadas, sino por la capacidad que tendrá que demostrar en los próximos días de que su firmeza operativa camina de la mano con la justicia constitucional. Solo así, blindando la eficacia policial con la garantía inquebrantable de los derechos humanos y el debido proceso, Honduras podrá transitar hacia una paz sostenible, justa y verdaderamente duradera.
