Hay principios innegociables. El transcendental: la vida es sagrada. Nadie debe ser asesinado por sus ideas. Toda forma de violencia política o social, es afrenta a la dignidad humana y sacude los mas profundos cimientos de un Estado de derecho. La violencia política es injustificable y es reprensible.
Mucho. En tiempos tan convulsos, debemos reafirmarnos en un principio tan fundamental en cualquier sociedad que se diga civilizada. ¿Qué otro acto de barbarie cuestiona más este supuesto que cegar la vida a alguien por pensar diferente? La consternación nos abruma.
En Los Estados Unidos un líder social conservador es asesinado por un joven de solo 22 años; en Honduras, un aspirante a alcalde es asesinado, se desconoce su autor, pero existe evidencia de que lo fue por su actividad política.
¡No puede ser! Previo, los terribles sucesos en Nepal, en donde las autoridades fueron muertos por turbas indignadas, justificando su violento proceder en los elevados índices de corrupción de los ajusticiados.
Solo muestras de barbarie e intolerancia. Y en vez de apelar al fortalecimiento de la institucionalidad para perseguir los delitos, para castigarlos y disuadirlos, en el caso último, puntual, los vinculados a corrupción, formadores de opinión, parecieran promover aquí la replica de los hechos en ese país.
Anuncian que es lo que se dará en Honduras por el saqueo que servidores públicos hacen a las arcas del Estado.
La fragilidad del Estado de derecho, de la institucionalidad, de la impartición de justicia, es lo que ameritaría atención focal de formadores de opinión y de la ciudadanía en general.
¿Qué tienen que hacer los servidores públicos y quienes lleguen a serlo, para evitar los graves delitos de corrupción, para impedir la impunidad, para castigarlos, y que la pena impuesta sea ejemplarizante y vaya disminuyendo las prácticas delictivas?
Si, pasamos decepcionados de nuestra dirigencia, pero es lo que tenemos y debemos encontrar la forma de cambiarles, pero sin violencia.
