Señor Lorenzo Sauceda Cálix, en declaraciones recientes, usted anunció la decisión de implementar un registro biométrico obligatorio para la adquisición y activación de chips telefónicos. Hoy le advierto que esa medida vulnera de manera flagrante los derechos fundamentales de todos los hondureños, y que, en lo personal, no me someteré a tal “normativa”.
Ese registro plantea graves preocupaciones en términos de privacidad y derechos humanos. Bajo el pretexto de la seguridad, quieren avanzar en un esquema de vigilancia que busca el control absoluto de la población, asemejándose peligrosamente al modelo orwelliano. Es inaceptable que sin un debate público, sin una ley clara aprobada en el Congreso Nacional, y sin transparencia en el manejo de esta base de datos, Conatel nos quiera imponer una medida de tal magnitud.
Nos preguntamos: ¿Bajo qué marco legal se quiere implementar esta recolección masiva de datos biométricos? ¿Dónde está la garantía de que esta información no será utilizada para fines políticos, comerciales o incluso delictivos? ¿Quién nos asegura que este mecanismo no será explotado para ejercer presión sobre ciudadanos críticos del gobierno? ¿Quién manejará estos datos y qué garantías existen de que no serán mal utilizados?
La recolección masiva de información sensible -huellas digitales y fotos- sin un marco de protección de datos sólido abre la puerta a abusos, filtraciones y usos políticos. En países con instituciones débiles,
o con tendencias autoritarias
-como el nuestro-, este tipo de controles nunca benefician al ciudadano común.
Y de nuevo, la ironía de siempre: se argumenta que esta es una medida para combatir el crimen, pero como sucede con las leyes de desarme ciudadano, los únicos que terminan cumpliendo con estas regulaciones son las personas de bien. Los delincuentes seguirán operando con chips adquiridos ilegalmente o a través de identidades falsas. Por otro lado, ese mecanismo propuesto de autogestión en línea para los usuarios existentes abre un sinfín de puertas a la manipulación. ¿Qué impide que alguien registre un chip con la foto de su perro o las huellas del amigo borracho? La falta de verificación física y la ausencia de controles efectivos convierten este plan en una medida arbitraria, poco confiable y algo estúpida.
Más bien, todo esto huele a una estrategia de control ciudadano con fines políticos, una de esas perversas ideas extraídas del manual de la izquierda internacional, promovidas por el expresidente Manuel Zelaya y su agenda ideológica. Nos quieren imponer restricciones y exigencias bajo la excusa de la seguridad, mientras ellos concentran más poder sin rendir cuentas. Comisionados de Conatel, no se presten a este siniestro juego, ustedes no pueden tomar una decisión de tal envergadura sin un amplio debate nacional. No pueden violar nuestros derechos con la ligereza con la que anuncian el estado del clima. Honduras no puede aceptar ser sometida a una vigilancia absoluta sin resistencia.
Yo no me someteré a esa maliciosa “normativa” sin un marco legal transparente que lo ampare.
