La crisis electoral que atraviesa Honduras tras las elecciones generales del 30 de noviembre ha evidenciado profundas tensiones entre los poderes del Estado y ha colocado a las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en una posición clave para la estabilidad democrática del país.
La petición de la presidenta Xiomara Castro de realizar un nuevo escrutinio “voto por voto”, pese a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ya emitió resultados oficiales, ha generado un escenario de incertidumbre institucional que obliga a analizar el rol y los límites de la institución militar frente al poder político.
Desde el punto de vista constitucional, las FF.AA. están llamadas a actuar con estricta neutralidad política. Aunque la presidenta de la República es su comandante general, esta autoridad no es absoluta ni discrecional, sino que debe ejercerse dentro del marco de la Constitución y las leyes. Por ello, la función de las FF.AA. no consiste en respaldar decisiones políticas controvertidas, sino en garantizar el respeto al orden legal y a las instituciones encargadas de administrar los procesos democráticos.
Desde una perspectiva de opinión, esta postura resulta acertada y necesaria. La historia política de Honduras y de la región demuestra que la intervención directa de las FF.AA. en disputas electorales suele derivar en rupturas del orden democrático y en un debilitamiento de la legitimidad del Estado.
En consecuencia, el respeto a la autoridad del CNE, aun cuando sus decisiones sean cuestionadas por sectores del poder político, es fundamental para preservar la institucionalidad.
Asimismo, la actitud asumida por las FF.AA. envía un mensaje tanto a la ciudadanía como a la comunidad internacional: la resolución del conflicto electoral debe darse por la vía legal y no mediante presiones políticas o el uso de la fuerza. En un momento de alta polarización, su rol como garante de estabilidad y no como actor político es determinante.
