La independencia electoral no es un lujo institucional ni una consigna política: es el fundamento sobre el cual descansa la credibilidad de cualquier proceso democrático. Cuando un país garantiza que sus autoridades electorales actúan sin presiones partidarias, sin intereses particulares y con total apego a la ley, las elecciones se convierten en un verdadero reflejo de la voluntad ciudadana. En cambio, cuando esa independencia se debilita, todo el sistema democrático comienza a resquebrajarse.
La esencia de un organismo electoral independiente radica en su capacidad de tomar decisiones técnicas, y no políticas. Esto implica que sus resoluciones deben basarse en criterios jurídicos, datos verificables y normativas vigentes, alejándose de presiones externas o negociaciones entre grupos de poder. Un árbitro electoral no debe ser un actor más del conflicto político; debe ser la instancia que lo ordena, lo regula y lo resuelve con neutralidad.
En Honduras, como en muchos países de la región, la confianza en los procesos electorales se ha visto afectada por percepciones -y en ocasiones por hechos- de intervenciones partidarias en las decisiones de las autoridades competentes. Este escenario genera un ambiente de sospecha que impacta directamente la participación ciudadana, pues ¿cómo confiar en un proceso que parece inclinarse hacia determinados intereses? Por ello, la independencia electoral se convierte no solo en un principio institucional, sino en una necesidad social.
La transparencia es un elemento inseparable de esa independencia. Para que la ciudadanía confíe en las autoridades electorales, es indispensable que las decisiones, contrataciones, informes y procedimientos sean públicos, accesibles y oportunamente divulgados. La opacidad alimenta la duda; la transparencia, en cambio, fortalece la confianza.
