Las elecciones generales de Honduras del 30 de noviembre se vislumbran bajo un manto de profunda preocupación institucional. Los recientes informes de organismos internacionales y locales no solo ponen de manifiesto la complejidad técnica del proceso, sino que de forma más alarmante subrayan una crisis de gobernanza que amenaza la limpieza y la transparencia del ejercicio democrático.
Para que la voluntad popular sea respetada, es imperativo atender de inmediato las advertencias que desde diferentes ámbitos se hacen sobre el proceso y la independencia de los organismos electorales. Entre las múltiples observaciones hechas por la comunidad internacional destaca la grave confrontación entre el Estado a través del Ministerio Público y el Poder Judicial con el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).
Esta tensión, junto con las controversias y retrasos en la adjudicación de contratos clave para la tecnología electoral (como el TREP y la identificación biométrica), siembra dudas en el electorado.
Otro hallazgo crítico es la vulnerabilidad institucional de los organismos electorales. La exhortación de los observadores internacionales y organismos de transparencia electoral va enfocada en asegurar su independencia y evitar la injerencia judicial y militar. Los cuerpos colegiados no pueden seguir siendo extensiones de las mesas directivas de los partidos, sus miembros tienen el deber ineludible de actuar como árbitros imparciales y garantes de la ley, no como defensores de sus intereses políticos de origen.
Garantizar el trabajo independiente del CNE y el TJE es el único camino para asegurar que cada decisión se tome en función del interés público electoral y no de coyunturas partidistas. El proceso electoral es un espacio civil y político.
La intromisión de poderes externos, sean estos judiciales o, peor aún, militares, socava la naturaleza cívica de la elección y desvirtúa la soberanía popular.
